El reportaje Detrás de las Llamas fue escrito por la directora de Vocería Virtual, Lucía Escobar en 2017, ante el mega incendio que asoló en ese entonces a nuestro país, cuando gobernaba por segunda vez la Presidenta Michel Bachelet. Dos gobiernos después, todo se repite:
La cantidad de incendios siempre en ascenso. A esta fecha, el número de incendios ha aumentado 6%,y la superficie quemada 604% a nivel nacional. En la Región Metropolitana la superficie afectada hasta el momento es 1.621% más que la temporada pasada.
Vidas humanas perdidas, miles de damnificados, millones de secuelados (no mencionados) con quemaduras, daño pulmonar y trauma psicológico debido a un fuego masivo y descontrolado que se podía prevenir. Ello, sin contar la pérdida en biodiversidad, especialmente la flora y fauna nativa, que no se cuantifica.
Ante esto, el poder político y mediático reacciona como siempre:
Indiferencia ante las advertencias de especialistas en Gestión de Emergencias, como Michel De L'Herbe, que anticipó la catástrofe que se avecinaba a fines de 2016 por falta de inversión y de institucionalidad adecuadas, y ante la propia CONAF que ha solicitado, gobierno tras gobierno, un presupuesto y equipamiento suficiente para salvaguardar los bosques y plantaciones de Chile a los que está obligada a proteger por Ley.
En cambio, el Estado de Chile realiza contrataciones millonarias de aviones de control de incendios a beneficio de empresas privadas y, cuando tiene voluntad, aprueba presupuestos igualmente millonarios para otras causas, como los más de $3.000 millones destinados en 2020 a los más modernos camiones lanza-agua (y químicos) para combatir el derecho a la protesta social.
Mientras, los medios de comunicación promueven panelistas que indican que la responsabilidad de los incendios es de las altas temperaturas, la sequía y los vientos. Compiten con la imagen más terrorífica y la morbosidad más repulsiva, entrevistando a personas que lo han perdido todo. Y como siempre, fomentan campañas del tipo "Chile ayuda a Chile", trasladando todos los costos a las personas solidarias y no al Estado, que debía proteger a las víctimas en primer lugar.
Y nadie en el poder intenta siquiera mencionar las causas profundas Detrás de las Llamas. Compartimos el reportaje original de 2017, actualizado, porque lamentablemente, todo sigue igual:
¿Qué hay detrás de la peor catástrofe en incendios forestales del país? ¿a quién favorece? ¿qué intereses hay involucrados? Una pista es seguir la ruta de los números y del dinero, y entender lo que significan, a través de los últimos 40 años (46 a 2023).
El artículo que aquí se presenta está basado en informes de la Cámara de Diputados; en los libros de investigación Mapa Actual de la Extrema Riqueza en Chile, del economista Hugo Fazio y El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno de la periodista María Olivia Mönckeberg, además de decenas de artículos e investigaciones.
El aumento de los incendios forestales se ha dado de manera sostenida en las últimas 4 décadas, mismo período de la consolidación de la industria forestal en nuestro país. Si en los años 70 se registraban un promedio de 900 incendios forestales al año, hoy esa cifra se estima en 5.000. Asimismo, la gran mayoría de incendios forestales se concentra entre la V y la IX región, al igual que las grandes industrias dedicadas al monocultivo de eucaliptos y pino radiata.
La asignación para control de incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal, CONAF en 2017 fue de 26.000 millones de pesos, más $3 mil millones para gastos extraordinarios de emergencia (US$4,6 millones).
Como referencia, un gasto extraordinario pueden ser, los costos operativos del avión SuperTanker, que a ascienden a US$ 2 millones por 6 días. O sea, el ítem completo de gastos extraordinarios por emergencia, como ahora, alcanza sólo para dos semanas de actividades del aplaudido avión.
CONAF está obligada por Ley a resguardar las 17,5 millones de hectáreas de bosques nativos y forestales del país, sin distinción. De estos, 14,5 son áreas protegidas y las 3 millones de hectáreas restantes son plantaciones forestales, equivalentes, más o menos, a la superficie de toda la Región del Maule.
Así, tenemos que para 2017 el presupuesto para el combate de incendios forestales (sin gastos extraordinarios) asciende a poco más de $1.600 pesos por hectárea, menos de lo que cuesta un kilo de pan.
Durante años CONAF ha reclamado por la falta de una institucionalidad pública forestal que otorgue verdaderas herramientas para la protección y sustentabilidad de nuestros bosques. La política forestal actual está expresada por el Decreto Ley 701 un subsidio creado en dictadura para fomentar la industria del sector. Pese a sus enormes beneficios para las empresas, carece de condiciones mínimas para evitar los efectos negativos de las plantaciones, como gestión de uso de suelo y del recurso hídrico.
Ello permite por ejemplo que la sobre abundancia de plantaciones forestales causen sequía en las zonas donde se encuentran o que la falta de cortafuegos adecuados transmita las llamas de una plantación a otra con suma facilidad. Dos aspectos que, según los expertos, están íntimamente ligados a la magnitud del mega incendio más grande de nuestra historia.
875 millones de dólares - 569 mil 624 millones 955 mil 875 pesos- es la cifra más conocida hasta 2017 sobre el Decreto Ley 701.
Este es el cálculo de los bonos pagados a las forestales entre 1974 y 2013 sólo por concepto de plantación y gastos administrativos asociados, sin contar el resto de los beneficios del DL 701 (ver subtítulo Los otros beneficios).
De los US$875 millones, el 70% ha sido entregado a las medianas y grandes empresas forestales, de las cuales sólo los Grupos Matte y Angelini, los principales actores del mercado, habrían recibido US$600 millones.
Para entender este monto podemos decir que es 4,5 veces superior al reajuste que recibió el Pilar Básico Solidario de pensiones ($125 mil millones) y casi el doble del reajuste que recibió la glosa de gratuidad en Educación Superior, ($265 mil 925 millones) en la Ley de Presupuestos 2017.
La autoría del DL 701 corresponde a Fernando Leniz, Ministro de Economía, quien antes de asumir fue gerente de producción de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, y presidente de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA.
Su ejecución quedó en manos de Julio Ponce Lerou, ingeniero forestal y director ejecutivo de CONAF de la época. Entre otras tareas, su suegro Augusto Pinochet, le encomendó la gerencia general de CORFO, la presidencia de Celulosa Constitución y de Celulosa Arauco, la dirección ejecutiva de INFORSA, la dirección de SOQUIMICH y de ENAMI, y la vicepresidencia de ENDESA. Ponce Lerou tuvo que renunciar abruptamente a todos sus cargos públicos en 1983, cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito, gracias a la acumulación de numerosas y valiosas tierras agrícolas y forestales.
La vigencia del DL 701 creado en 1974 caducó en 1997, pero el beneplácito de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Sebastián Piñera Echeñique y del Parlamento, permitieron que se extendiera otras dos décadas, mediante el mecanismo de las prórrogas: el Ejecutivo presenta un proyecto y el Congreso lo aprueba.
La última prórroga fue presentada en 2015 por el gobierno de Michelle Bachelet Jeria, para el período 2016-2018. El proyecto se encuentra congelado en el Congreso. De aprobarse, se traspasarían a la industria forestal otros 54 millones de dólares (35 mil millones de pesos).
Los dirigentes de la madera han insistido ante los medios que el Decreto se acabó en 2012. Esta es una verdad a medias. El DL 701 no ha sido derogado. Ahora, como en otras ocasiones, su tramitación está detenida en el Parlamento, lo cual no impide que el Estado continúe entregando recursos en su nombre. Ejemplo de ello es que en noviembre de 2015 el Congreso aprobó una partida de $326.970.000 adeudados por labores anteriores a 2013. Según la Corporación Nacional Forestal, CONAF, el 62% de los $326 millones iban a beneficiar a la gran empresa forestal.
Pero como veremos, estas cifras son sólo una chispa dentro de una fogata.
Claves del negocio: Concentración e Integración Vertical
Gracias al DL 701, el negocio forestal pasó de ser un negocio menor en la década de los 70 a lo que es hoy: la segunda industria más grande del país, con un aporte del 2,7% del PIB.
Este decreto es reconocido como un instrumento que ha favorecido la concentración de la riqueza. El 70% del mercado es controlado por las empresas del Grupos Matte (CMPC, -conocida como la Papelera- Forestal Mininco y Monte Águila) y del Grupo Angelini (Forestal Arauco - Celulosa Arauco Constitución, CELCO). Para ser exactos, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y Celulosa Arauco no son empresas, sino conglomerados de empresas.
Además la industria forestal se caracteriza por su alta la integración vertical. Es decir, desde el origen hasta el final de la cadena productiva, pasando por viveros, elaboración de trozas, aserraderos, comercialización y propiedad de los puertos, pertenecen a los mismos grupos mencionados. Eso les permite controlar los costos, precios y competencia.
Los negocios de estos grupos no se limitan al sector maderero. El imperio Angelini abarca también los sectores Eléctrico, Pesquero, Minería, Combustibles y Bienes Durables. El Grupo Matte es muy activo en los sectores Eléctrico, Financiero, Industrial y Portuario.
Sus herederos se encuentran todos en la lista Forbes (2016) de las 10 fortunas personales más grandes de Chile: Bernardo, Patricia y Eliodoro Matte Larraín ostentan un patrimonio de US$2.300 millones cada uno, mientras Roberto Angelini Rossi suma una dote de US$1.200 millones.
Como vemos, además de la industria forestal, ambos grupos coinciden en el sector energético, el cual a partir de los proyectos hoy tramitados en el Parlamento es el punto de partida de la reconversión más importante del sector forestal en su historia: la generación eléctrica a partir de residuos forestales, la Biomasa. Si todo avanza como está previsto, las industrias eléctrica y forestal podrían concentrarse e integrarse verticalmente por los mismos actores.
El MAPA del futuro: Energía Forestal
La vigencia del DL 701 creado en 1974 caducó en 1997. Luego ha tenido dos prórrogas. En 1998 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se extendió el subsidio durante 15 años, incluyendo un tramo retroactivo desde 1996. La segunda prórroga fue presentada en 2010, por el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique, por 2 años.
Además hay dos prórrogas congeladas en el Congreso. Un segundo proyecto presentado por Piñera en 2012, para extender el DL 701 por otros 20 años. Pese a que fue aprobado en el Senado en 2013, numerosas indicaciones y el cambio de gobierno hicieron que quedara en suspenso. El último es el proyecto que presentó Bachelet en 2015.
Ya en el gobierno de Sebastián Piñera la discusión sobre el DL 701 comenzó asociarse al concepto de desarrollo forestal sustentable y a la necesidad de reemplazar la actual carretera eléctrica.
En su primera cuenta pública, la Presidenta Michelle Bachelet asegura que los bosques “son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable (…) con ese fin prorrogaremos la vigencia del DL 701”.
Y hace otro anuncio: la nueva Agenda de Energía que tiene entre sus objetivos incrementar gradualmente la participación de las Energías Renovables No Convencionales, ERNC, en la matriz energética, para lograr que en el 2050 el 70% de la electricidad del país provenga de estas fuentes.
Las ERNC más conocidas son la energía eólica y solar, pero en ellas también se cuenta la biomasa forestal, que es la obtención de combustibles a partir residuos forestales, un nuevo negocio que potencialmente puede aportar 2.129 MW entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos, según un estudio del Ministerio de Energía, CONAF y la Universidad Austral.
En la última década la biomasa forestal se ha usado principalmente para autoabastecimiento de energía de las plantas de celulosa y los excedentes se venden al Sistema Interconectado Central (SIC).
Para facilitar este nuevo emprendimiento se necesitan dos elementos claves: primero, promulgar un nuevo cuerpo legal de fomento forestal, una iniciativa fuertemente apoyada por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
Esta nueva ley daría mayores incentivos a pequeños propietarios y comunidades indígenas, poseedores del mayor número de plantaciones de bosque nativo, que son árboles con mejor rendimiento en generación de biomasa.
Y segundo, reemplazar la actual carretera eléctrica, uniendo el SIC con el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), y de esta forma facilitar la inyección de energía proveniente desde las ERNC.
El Grupo Matte participa en el negocio de la biomasa forestal a través de Bioenergía Forestales, filial de CMPC, que comenzó a expandirse en 2012. Pero la ventaja de este
negocio la tiene Arauco Bioenergía, del Grupo Angelini. “La decisión de haber creado una filial que participe en el negocio eléctrico a través de ERNC, aportando con excedentes de energía al SIC, fue tomada hace unos 17 años lo que confirma nuestra visión estratégica” afirmó el ejecutivo de Arauco, Charles Kimber en 2014.
Ese mismo año se dio la aprobación ambiental al proyecto Nueva Horcones, conocido como Modernización y Ampliación de la Planta Arauco - MAPA - en la VIII Región . Se trata de la inversión más importante en la historia de la empresa Arauco, aún en desarrollo, cuya inversión alcanza los US$2.300 millones.
Con este proyecto la planta de Celulosa Arauco se convertirá en una de las más grandes del mundo, aumentando su producción a más de 2.000.000 de toneladas. El proceso de producción incluye una nueva caldera de co-generación eléctrica a partir de biomasa forestal cuyos excedentes se inyectan al SIC, a través de una Línea de Transmisión Eléctrica, cuya construcción también es parte del proyecto.
Cuando MAPA esté plenamente operativo Arauco proyecta aumentar en un 68% la venta de excedentes eléctricos al SIC.
Conexión Máxima
A cargo de la Agenda de Energía, Bachelet nombró a Máximo Pacheco Matte, el más elogiado de sus secretarios de Estado, hasta su renuncia en octubre de 2016.
A su salida del Ministerio de Energía se destacaron los resultados de la última licitación de suministro eléctrico, la Agenda de Energía y la Ley de Equidad Tarifaria. La interconexión entre los Sistemas Interconectado Central (SIC) e Interconectado del Norte Grande (SING) llevaban 60% de avance.
Durante su gestión, el ministro Pacheco no ocultó su preferencia por la generación de eléctrica a partir de biomasa, calificándola como una de las ERNC “más estables presentes en el país, capaz de producir energía en forma continua, dado que no depende del viento, radiación solar o disponibilidad hídrica”.
Ex militante PS, desde el principio fue calificado, por lejos, como uno de los mejores puentes entre la ex Nueva Mayoría y el gran empresariado.
Fue vicepresidente ejecutivo de CODELCO en la administración Aylwin hasta que en 1994 ingresa a la neozelandeza, Carter Holt Harvey (CHH), como su representante en Chile y Latinoamérica. CHH es una multinacional del rubro de la madera y la construcción, y era socia del Grupo Angelini en la propiedad de COPEC.
COPEC fue privatizada en dos ocasiones en dictadura. En los 70 fue entregada al Grupo Cruzat-Larraín y en 1985, tras la crisis económica, al Grupo Angelini. COPEC además de combustibles, también era propietaria de Celulosa Arauco y Celulosa Constitución. Con el control de COPEC, Angelini, entonces orientado al sector pesquero, pasó de inmediato a ser uno de los actores más grandes del área forestal.
El economista Álvaro García (ex ministro de Eduardo Frei y Ricardo Lagos) describió esta operación como un escándalo: “vender en las actuales condiciones empresas públicas significa entregar en bandeja y a precios muy ventajosos grandes activos del Estado (…) Se llama a licitación pública, pero el gran paquete accionario es adquirido 4 días antes (…) Y el precio es menos de la mitad del valor equivalente al patrimonio. Después se venden acciones a un precio que más que duplica el pagado por Angelini. Más tarde se asocia con un grupo de Nueva Zelanda (CHH), que compra un porcentaje del paquete original, a un precio que cuadruplica el pagado por Angelini. Se ha estimado que con las utilidades obtenidas en el primer semestre de operaciones de COPEC, Angelini podrá recuperar en dos años su inversión inicial”.
Carter Holt Harvey fue comprada después por International Paper, la empresa forestal más grande del mundo, donde Máximo Pacheco Matte se desempeñó como uno de sus principales ejecutivos, ocupando vicepresidencias y presidencias en sus distintas filiales. Allí estaba cuando fue llamado para asumir la cartera de Energía en el segundo mandato de Bachelet.
Familiarmente, Máximo Pacheco es sobrino en tercer grado de Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte Larraín, los controladores del Grupo Matte, cuyo principal conglomerado es la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Algunas biografías lo describen como especialmente cercano a Bernardo Matte, razón por la cual habría sido el primer concertacionista en integrar el directorio del Centro de Estudios Públicos, CEP, el centro de pensamiento político más influyente de Chile, propiedad de los Matte.
Confort patrocinando especial sobre incendios forestales 2023 de TVN
Es sobrino nieto de Jorge Alessandri Rodríguez quien, salvo cuando fue legislador y Presidente de Chile, fue el histórico presidente del directorio de CMPC (1936-1986). El mismo Presidente Salvador Allende, como cortesía, le informó a Alessandri que la Papelera iba a ser expropiada. La campaña ¡La Papelera No! se convirtió entonces en un símbolo de la oposición a la Unidad Popular. CMPC no fue expropiada, pero sí se benefició con las expropiaciones y privatizaciones del Régimen Militar.
En los 70 la industria de la celulosa era mayoritariamente estatal. CMPC era parte de este negocio, con su planta de celulosa en Laja. Al igual que el Grupo Angelini con COPEC, CMPC tomó el control de INFORSA tras su segunda privatización en 1986. INFORSA producía el 54% del papel de diario en Chile. Era dueña de varias empresas forestales como Maderas Nacimiento y Forestal Crecex, y poseía miles de hectáreas de plantaciones. La comisión antimonopolio investigó el caso, y aprobó la compra.
Según una nota de El Mercurio de noviembre del 86, esta operación transformó a la “Papelera en uno de los dos mayores tenedores de bosques del rubro, en uno de los mayores fabricantes de celulosa y en el principal productor de papel para corrugados”.
Con esa talla laboral y familiar, difícilmente se volverá a encontrar alguien con mayor conocimiento y compromiso que Máximo Pacheco Matte para diseñar la ruta hacia las Energías Renovables No Convencionales, e iluminar con ella, una nueva era para el sector forestal.
Del papel al Cartel
La renuncia de Máximo Pacheco al Ministerio de Energía se produce en un contexto interesante. Exactamente un año antes, en octubre de 2015, estalló el “Cartel del Confort”, colusión entre la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) del Grupo Matte, y la Empresa Sueca de Celulosa (SCA), los principales productores de papel higiénico y otros papeles de uso doméstico.
Sus detalles fueron tan vergonzosos que dieron la vuelta al mundo: altos ejecutivos usando teléfonos de prepago, usando alias y cuentas de correo falsas y lanzando sus computadoras al canal San Carlos para eliminar la evidencia.
La Presidenta Bachelet condenó la colusión, la SOFOFA condenó la colusión, la CPC condenó la colusión... Eliodoro Matte condenó la colusión.
A sus ejecutivos claro, a los que acusó de haberlo engañado por más de una década.
Según CONADECUS, el perjuicio estimado por el sobreprecio durante 11 años fue de 510 millones de dólares. Por auto denunciarse, CMPC no fue multada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Luego el caso fue descartado en tribunales por la ausencia de una Ley Anti-colusión. Y hace unos días se reveló que por acuerdo entre SERNAC, CONADECUS y CMPC, la Papelera deberá compensar una suma de 150 millones de dólares. El acuerdo fue considerado un triunfo.
Matemática simple: 510 - 150, son 360 millones de dólares a favor de la colusión.
Hasta entonces, la tramitación de la prórroga al subsidio forestal presentada por Bachelet había tenido carácter de urgente y era aprobada en diversas instancias parlamentarias.
Pero entre sus consecuencias, la Colusión del Confort recordó al país que la tramitación del DL 701 tenía entre sus principales beneficiarios al Grupo Matte. Es más, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para estudiar como el Decreto Ley 701 podría ser uno de los factores facilitadores de la Colusión.
El horno ya no estaba para bollos. Ningún parlamentario parecía cómodo aprobando el decreto, que quedó congelado indefinidamente. “Ahora que se ha conocido la colusión del Grupo Matte esperamos terminar definitivamente con este subsidio (DL 701)”, dijo senador PS, Alfonso de Urresti a CiperChile.
Así, pese a sus esfuerzos, Pacheco quedaba sin uno de los dos principales componentes de la Agenda de Energía, la promulgación del un nuevo cuerpo legal de fomento forestal asociado a la prórroga del DL 701. Como sabemos, la modificación apuntaba a fomentar el uso del bosque nativo, cuyos árboles tienen mejor rendimiento en Biomasa.
Cuando se creía que nada nuevo se podía decir de la colusión, en diciembre de 2016, el diario La Tercera filtró el documento de delación compensada de CMPC ante la Fiscalía Nacional Económica, donde además de la Colusión del Confort, el Grupo Matte confesaba que también se coludió en el mercado de los pañales, con Kimberly-Clark. El documento estaba en manos de la FNE desde marzo de 2015, que increíblemente excluyó esta información del caso Confort y la mantuvo con carácter confidencial. No hay datos que indiquen si el Ejecutivo tuvo indicios de esta segunda colusión del Grupo Matte con anticipación, o sólo lo supo por la prensa.
Pero en julio de 2016 se anuncia un importante vuelco respecto al DL 701. El gobierno estaría preparando un nuevo proyecto, que excluye a las grandes empresas del subsidio forestal. Pese a la envergadura de esta noticia, muy pocos medios de comunicación la consignaron en ese momento, como tampoco se encontraron reacciones de las grandes empresas forestales. Sólo fue recordado a fin de año, a través de una carta enviada al ejecutivo y al parlamento por organizaciones ambientalistas e indígenas que se oponen al DL 701.
Conflictos de interés y platas políticas
Los trámites de las últimas prórrogas al DL 701 en el Congreso han estado marcadas por la polémica.
Grupos ambientalistas, indígenas y políticos han estado cada vez más organizados y atentos a la tramitación de las prórrogas del subsidio, encontrando falencias o revelando antecedentes que cuestionan su extensión.
En junio de 2013, cuando el Senado veía la prórroga de 20 años del Presidente Piñera, los sindicatos de CONAF denunciaron conflictos de interés en los casos de los senadores Andrés Zaldívar (PDC), Hosaín Sabag (PDC) y Antonio Kuschel (RN) por poseer empresas o predios forestales y al senador Hernán Larraín (UDI) por estar casado con Magdalena Matte, prima de los herederos del grupo Matte.
Además, llamaron a todos los senadores a transparentar el financiamiento de sus campañas, en la eventualidad de que existieran otros conflictos de interés. De los 4 senadores denunciados por los trabajadores de CONAF sólo se abstuvo Sabag, mientras Zaldívar, Kuschel y Larraín votaron a favor. De la solicitud para transparentar el financiamiento en campañas políticas no hubo pronunciamiento.
El 15 de julio de 2015 la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con 7 de los 13 parlamentarios que la integran, aprobó por unanimidad extender el DL 701 hasta 2018 presentado por Bachelet.
Ellos fueron José Perez Arriagada (PRSD), Loreto Carjaval y Felipe Letelier (ambos PDD), Cristián Urízar (PS) y Pedro Álvarez-Salamanca, Ramón Barros e Ignacio Urrutia, todos UDI. De ellos, hay dos representantes de la Región del Bío Bío, dos por el Maule, dos por la Región de O’Higgins y uno por Valparaíso. Casi las mismas regiones donde se concentran históricamente la gran mayoría de incendios forestales (V a IX región), y las grandes industrias del sector.
Sobre la forma en que se desarrolló esta etapa, el senador Alfonso de Urresti (PS) líder de la “Coalición contra la prórroga del Decreto Ley 701″ dijo a CiperChile “La prórroga se aprobó de una manera patética, sin discusión y unánimemente. Pero logramos congelarla…”
Pese a que hasta ese momento la prórroga parecía bien encaminada, algo preocupó a Eliodoro Matte Larraín, lo suficiente para ir personalmente a La Moneda el 21 de julio y reunirse durante una hora con la principal asesora de la Presidenta Bachelet, su jefa de gabinete Ana Lya Uriarte (actual ministra de la Subsecretaría General de la Presidencia del Gobierno de Gabriel Boric). Sobre el motivo, el empresario dijo que fue por “temas académicos, nada más”. Poco más de dos meses después estalla el “Cartel del Confort”.
En un reportaje del periodista Daniel Matamala sobre donaciones legales a la política se establece que todos los grandes grupos económicos, sin excepción, han hecho importantes donaciones en la última década.
A la cabeza de ellos, figura el Grupo Matte, con más de 2 mil millones de pesos, de los cuales sólo la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, aportó $823 millones en 2013.
Cabe destacar que la investigación se hizo con lo informado en actas de directorio de las distintas empresas, y como no todas las compañías reportaron sus aportes o no lo hicieron cada año, se presume que los montos son aún mayores a lo descubierto.
En el tercer lugar de mayores aportes legales está el Grupo Angelini, constatándose que sus empresas forestales son especialmente activas en política, con CELCO y otras 6 empresas del rubro como donantes.
En las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política, el Grupo Angelini vuelve a aparecer.
Según los antecedentes del proceso que persigue el Ministerio Público en el período 2009-2015 al menos seis empresas del Grupo Angelini, pagaron boletas y facturas por asesorías falsas para encubrir donaciones a políticos rebajando, de paso, el pago de impuestos del conglomerado. Misma técnica del Grupo Penta y SQM.
Estas donaciones superan los $590 millones entregados a personeros de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos:
Asesorías y Negocios SpA, empresa creada por Giorgio Martelli recaudador de la precampaña presidencial de Bachelet), recibió $218 millones.
Harolds & Johns Business & Law, empresa creada por Harold Correa (PPD), $90 millones. En ambas empresas aparece relacionado el jefe de la precampaña de Michelle Bachelet y ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Vinculados a la tramitación de la Ley de Pesca aparecen el Senador Jaime Orpis (ex UDI), con $235 millones y la ex diputada Marta Isasi (PRI), con $25 millones. Además se indaga un pago para el fallecido senador Adolfo Zaldívar (líder del PRI), por $15 millones y, raspando la olla, al senador Iván Moreira (UDI), con $7,9 millones.
Además, en 2016, el grupo Angelini se “autodenunció” ante el Servicio de Impuestos Internos. En esta ocasión, además de las consultoras mencionadas, aparecen otras dos asociadas a precampañas presidenciales: C2P Consultores S.A., relacionada con el ex Presidente Eduardo Frei y vinculada a la precampaña de Michelle Bachelet, recibió $50 millones. La sociedad Cristóbal Aninat y Cía., vinculada a la campaña presidencial de Andrés Velasco, obtuvo otros $16,5 millones.
Así, por vía de boletas y facturas “ideológicamente falsas” la precampaña de Michelle Bachelet aparece investigada como receptora de los mayores montos entregados por el grupo Angelini, $358 millones en total.
Epílogo 2017
En enero de 2017 comienza el mega incendio más grande de la historia de Chile. Mientras las primeras operaciones del SuperTanker fueron financiadas por una millonaria chilena ligada a los dueños de Walmart y luego por la familia Luksic, los grandes empresarios forestales sólo aparecieron públicamente tras la reunión de emergencia que convocó la Presidenta Bachelet, el pasado 26 de enero.
El balance a la fecha es de 11 personas fallecidas, 336 mil hectáreas quemadas, 6.162 damnificados y 1.551 casas destruidas.
El pasado 30 de enero, el Fiscal Nacional, aún cuando reconoció que se está investigando el origen de los incendios, descartó que se deban a actos terroristas. Gracias a ello, quienes posean seguros, podrán cobrarlos.
El 1 de febrero, la Presidenta Bachelet anunció vía Twitter el envío de un proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal, que reemplazaría a la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Si incluye o no la modificación que deja fuera del DL 701 a las grandes forestales, se sabrá en marzo.
Epílogo 2022
El día de esta publicación, el Presidente Gabriel Boric recibió el avión Ten Tanker especializado en combate de incendios forestales. La aeronave pertenece a la empresa 10 Tanker Air Carrier y ya estuvo en Chile en 2019 junto a otro avión de igual función. Entonces, el Gobierno de Chile pagó más de US$3 millones de dólares por su servicio, de 28 y 14 días respectivamente.
Sernapred (ex Onemi) informó el balance hasta el momento: 26 fallecidos, 3.276 damnificados, 1.156 hogares destruidos entre El Maule y La Araucanía. A ello se suman tres centros de salud quemados. Las llamas y el humo tóxico afectan a cuatro regiones con un total, hasta el momento, de 246.198 hectáreas siniestradas.
Los otros beneficios
Entre 1985 y 1989, 30 empresas públicas fueron privatizadas, lo que significó una pérdida estimada en mil millones de dólares, 924,4 mil millones de pesos hoy. Sobre el detalle exacto de cada una, incluyendo a las empresas traspasadas al sector forestal, se extiende un manto de oscuridad.
Lo mismo ocurre respecto a la totalidad de beneficios que engloba el subsidio forestal creado en 1974. Como dijimos al comienzo de este artículo, los US$875 millones es sólo lo que se estima que fue entregado a los empresarios forestales en los últimos 40 años, por plantación y gastos administrativos asociados.
Los beneficios del DL 701 no cuantificados son exención de impuestos territoriales de los suelos forestados; inexpropiabilidad de la tierra y rebaja de impuesto a la renta por concepto de futuros ingresos de las plantaciones establecidas. Pero existen algunos indicios que pueden ayudar a dimensionarlos.
Exención de impuestos territoriales de los suelos forestados. Entre los grupos Angelini y Matte poseen 1.200.000 de las 3.000.000 de hectáreas de plantaciones forestales de Chile. 726 mil y 476 mil hectáreas respectivamente. Las contribuciones de terrenos agrícolas, si bien varían según su tasación, en 2012 oscilaban entre $50.000 y $60.000 por hectárea al año. Suponiendo que en 5 años estos valores se mantienen y tomando el monto menor, el resultado es que, en un sólo año, el fisco deja de recibir $60 mil millones de pesos por este beneficio.
Inexpropiabilidad de la tierra. Según un informe de la Cámara de Diputados, del los predios expropiados en dictadura, 352.731,64 hectáreas fueron transferidas a CONAF por tener “aptitud preferentemente forestal”, condición obligada si se quería recibir el subsidio forestal. Las tierras expropiadas a campesinos y comunidades mapuches fueron rematadas y compradas por los empresarios forestales a precios irrisorios.
Revisando los documentos notariales de Cañete, el investigador Luis García-Huidobro encontró que en 1979, Forestal Crecex pagó en precios actuales, $121 millones por 808 hectáreas, es decir $149.840 por cada una. Además, CONAF cobraba al contado sólo el 10% del valor establecido, por lo que en este caso la inversión fue de 14.984 pesos actuales, por hectárea. Así los mismos terrenos que fueron expropiados a campesinos y mapuches, pasaron a ser propiedad de las forestales casi gratuitamente, y ahora además bajo la protección de “inexpropiabilidad”.
Un dato anecdótico. Para evitar futuros desbordes del Río Andalién en Penco, el MOP tuvo que expropiar 26 hectáreas del Puerto Lirquén, de propiedad de los grupos Angelini y Matte. Como indemnización por las 26 hectáreas expropiadas, la justicia penquista condenó al MOP a pagar $2 mil millones en 2016.
Rebaja de impuesto a la renta por concepto de futuros ingresos de las plantaciones establecidas. El Director Ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres, se refirió a este punto en su descripción del subsidio forestal ante la Cámara Baja. “(El DL 701) También creó beneficios tributarios, como que los terrenos estaban exentos del impuesto territorial y que sus resultados no se consideraban para el cálculo de la renta presunta, ni del global complementario. Sin embargo, estableció la obligación de tributar en Primera Categoría”.
En materia tributaria, dijo, subyace la dificultad de control, pues se dispuso que tras la primera corta se deben pagar los tributos postergados, aspecto difícil de fiscalizar “pues CONAF desconoce el momento exacto en que se corta, generando un desfase y la imposibilidad para el SII de determinar cual es el monto recuperado de esos tributos que están transitoriamente exentos”.
Con el transcurso de los años el bono por plantación reveló otras formas de traspasar riqueza a los medianos y grandes empresarios forestales.
Los pequeños propietarios fueron incorporados como beneficiarios del DL 701 recién 1998. Durante los primeros 24 años el subsidio estuvo dirigido sólo a grandes y medianas empresas forestales, a quienes el Estado devolvió el 75% de sus gastos. Para los pequeños propietarios se determinó un bono del 90%.
El subsidio impactó los precios. Un pequeño productor sin bono debe cobrar el 100% de sus costos de producción y agregar alguna ganancia. Mientras que los pequeños productores con bono, con sólo un 10% de costos de producción, estuvieron dispuestos a bajar sus precios. En consecuencia la gran empresa, el poder comprador de los pequeños forestales, terminó pagando menos por los árboles.
A ello se suma que un campesino no siempre puede pagar los gastos del trabajo porque, aunque sea beneficiario, el bono no se paga hasta terminar la cosecha. Así, a fines de los 90 Forestal Mininco (Grupo Matte) creó un nuevo negocio: ofrecer servicios forestales a los pequeños propietarios. El precio por los servicios fue el bono íntegro de los pequeños propietarios, más una parte del precio de la venta de los árboles.
Este reportaje de investigación fue publicado originalmente en Ciper Chile, en febrero de 2017, un día después de que su autora, Lucía Escobar, lo presentara en calidad de periodista independiente a Mónica González, entonces directora.
El reportaje nunca fue pagado y se clasificó como "Columna de Opinión", una modalidad que utilizan los medios de comunicación tradicionales y la progresía mediática para obtener publicaciones gratuitas que les interesan.
Además de no recibir pago alguno, tras su amplia difusión en 2017, esta periodista nunca fue llamada para integrar el equipo periodístico de Ciper Chile, ni siquiera como profesional externa.
Por su vigencia ante los nuevos incendios forestales de gran magnitud en nuestro país, Detrás de las Llamas, ha sido difundido profusamente en redes sociales, beneficiando a la marca y el tráfico de Ciper Chile.
Ante ello, la directora de Vocería Virtual y autora del reportaje Detrás de las Llamas, solicitó a Ciper Chile que bajaran de su sitio web el reportaje no pagado, cuestión que el actual director Pedro Ramírez se negó a hacer y agregó "por supuesto, está en todo su derecho de reclamar por las vías que estime pertinente. En CIPER creemos firmemente en la libertad de expresión".
Es por ello que hacemos pública esta denuncia sobre robo de propiedad intelectual y violación de la ética periodística.
Imágenes: la mayoría de las imágenes de este reportaje son capturas del programa especial sobre los incendios forestales 2023 de Televisión Nacional de Chile, TVN, que contó entre otros auspiciadores, con Confort, marca de CMPC o Grupo Matte. Una de ellas pertenece a CONAF, publicada en Twitter.
Escrito por Lucía Escobar
0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario