La primera querella criminal que buscó establecer si hubo un manejo negligente de las autoridades durante la Segunda Ola Covid-19 "ha caído en el pantano de impunidad que es la Fiscalía" señaló el abogado Luis Mariano Rendón al dar a conocer lo que ha sucedido en tribunales tras un año de tramitación.
La acción presentada hace un año contra el ex Presidente Sebastián Piñera, su ministro de Salud Enrique Paris y contra toda persona que resulte responsable del delito de prevaricación administrativa.
"Esta querella la presenté representando a algunos vecinos de La Cisterna, que es una de las comunas que resultan más golpeadas términos estadísticos por la pandemia que no golpea todo el mundo por igual. La presentamos ante el evidente sinsentido que tenían las medidas que tomaba el anterior gobierno, cuando se sacaba de cuarentena a un grupo de 10 comunas de la región Metropolitana, contraviniendo todos los criterios establecidos en el denominado plan Paso a Paso, que se supone que era la guía para pasar de una a otra etapa.
El 26 de abril de 2021 cuando se anunció que dichas comunas pasaban de Fase 1 a Fase 2 (transición) según el abogado "no había forma de entender razonablemente que se tomase la medida contraviniendo los criterios fijados por el mismo gobierno y pasaba por encima de ellos. Estos criterios tenían que ver con la trazabilidad, con el número de camas disponibles y una serie de indicadores epidemiológicos bien precisos.
Se liberaron además actividades totalmente prescindibles, como los cines y las misas. Respeto todas las creencias, pero me imagino que si uno ama al prójimo lo primero es cuidarlo y no exponerlo al contagio, entonces eran cosas que no eran de primera necesidad y uno lo que mas bien veía ahí que las medidas eran reacciones ante presiones de sectores específicos, no una política consistente".
Tras un año de tramitación, el fiscal a cargo pidió el sobreseimiento de la causa, solicitud que deberá ser vista el próximo 17 de mayo. Ello, sin haber llevado a cabo ninguna de las diligencias solicitadas por los querellantes acusa Rendón:
"La causa ha caído en el pantano de impunidad que es la Fiscalía. Y me atrevo decirlo así, responsablemente, porque en muchas materias lo que uno ve es una voluntad de enterrar las causas, particularmente cuando hay gente con poder la que está siendo cuestionada. La causa fue entregada al fiscal Patricio Cooper, que rechazó todas las diligencias que nosotros solicitamos para poder indagar en los hechos y poder establecer si esto es efectivo o no.
Lo único que hizo (el fiscal Cooper) fue pedir un informe al imputado ministro (Enrique) Paris. Con este informe tomó la decisión de pedir el sobreseimiento de la causa a los tribunales. Yo entiendo que pedir el sobreseimiento sin dar curso a las diligencias solicitadas es completamente arbitrario y abusivo. Por eso solicité inmediatamente la reapertura del investigación. Entonces en esa audiencia el 17 de mayo se va a discutir tanto mi solicitud de reapertura del investigación, como la solicitud de sobreseimiento de la fiscalía.
Para Rendón las decisiones tomadas por la autoridad en la pandemia deben ser revisadas porque "tenían que ver derechamente con la vida y la salud, el bien más preciado que debe resguardar cualquier gobierno especialmente cuando se trata de la vida de las personas más vulnerables".
"Si se comprueba que no hubo un manejo responsable de la pandemia se abren todas las posibilidades de indemnización para las personas que resultaron afectadas por estas medidas insuficientes.
La querella, explica fue "por el delito de prevaricación administrativa que consiste en tomar una decisión manifiestamente injusta, a sabiendas. Las autoridades por supuesto tienen la facultad de dictar resoluciones que a uno le pueden gustar más o menos, pero si en cierto momento esa resolución sale del límite de lo razonable, es manifiestamente injusta. Y a mi modo de ver ello ocurrió con el levantamiento de cuarentena en estas comunas.
Si la querella sigue adelante y si logra superar la barrera que está poniendo el Ministerio Público podrían configurarse otros tipos penales, como la denegación de auxilio, y es posible obtener penas de presidio para los responsables.
Sobre el clima de impunidad respecto a las decisiones tomadas en el gobierno anterior, el abogado lamentó que en esta y otras materias "hay un cierto continuismo. Pese a que en primera instancia uno podía pensar que lo que representaba el gobierno anterior y el actual eran alternativas absolutamente opuestas en muchos planos vemos sencillamente un continuismo.
Por ejemplo, en la pandemia lo que se percibe es que las medidas que se están tomando ahora en el tema de la comunicación de riesgo, el no uso de la mascarilla, la señal que le entregan a la ciudadanía es qué el peligro ya pasó y que ya no hay que andarse cuidando tanto. Y por lo menos las cifras indican que va subiendo la positividad en los exámenes de covid y es probable que nos estemos enfrentando al comienzo de una nueva ola, como ha pasado en otros países.
En este clima, Luis Mariano Rendón también se refirió a "una verdadera leyenda urbana": la postergada entrega de los correos electrónicos del Ministerio de Salud, que ordenó la Corte de Apelaciones de Santiago en febrero, y lo que significa judicialmente.
- Es incomprensible que esto siga ocurriendo habiendo un cambio de gobierno. Porque el gobierno anterior es posible que tuviese razones fuertes para no entregarlos, porque puede que su responsabilidad administrativa e incluso penal se vean involucradas si esa información se da a conocer. Pero lo que no se entiende es que habiendo cambiado el gobierno no entregue inmediatamente la información.
- Cuando un tribunal da una orden esa orden debe cumplirse, de lo contrario se expone, entre otras cosas, a ser objeto de una persecución penal por el delito de desacato. En concreto las autoridades del actual gobierno que no están entregando lo que la Corte de Apelaciones ordenó están cometiendo un delito y, quienes están solicitando esa información, legítimamente podrían interponer la correspondiente querella por el delito de desacato ya que se sigue se sigue cometiendo. El desacato lo cometió el ministro Paris mientras estuvo en el cargo y lo sigue cometiendo la actual ministra Yarza, porque el delito persiste mientras no se entregue la información correspondiente.
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