"La idea es seguir avanzando en esta pandemia que debe llegar a su fin" afirmó el alcalde de Chile Chico Luperciano Muñoz González (ex PPD), al dar a conocer el decreto que elimina el uso de la mascarilla en la vía pública en la comuna.
"La gente ya está cabreada con el uso de la mascarilla" fue la segunda cuña destacada del mismo edil que el año pasado despidió a una funcionaria municipal con cáncer grado 4 y que se hizo conocido a nivel nacional, antes de las mascarillas, como imputado del caso Áridos.
El decreto municipal de Chile Chico puede tener un efecto contagioso, al dar a entender que es posible que los municipios eliminen por vía administrativa las medidas de protección pandémicas.
La injerencia en estas decisiones sanitarias es una atribución que no tienen los alcaldes, como fue recalcado por el Ministerio de Salud en 2020 cuando, por el contrario, los ediles exigían mayores medidas y no menos.
Ante este riesgo, el Seremi de Salud (S) de la región de Aysén Jourdan Cabezas se limitó a aclarar que el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública está contenida en la resolución 994, de septiembre de 2021, que continúa vigente en todo el país y que, en la práctica, el decreto municipal, sólo implica que los funcionarios de esa municipalidad dejarán de fiscalizar su uso. Situación que, de facto, ya ocurre en gran parte de las comunas del país.
El por qué se genera esta confusión pública y desde este municipio en particular requiere entender el contexto.
La baja incidencia del virus ha sido una de las características de la región de Aysén en estos dos años de pandemia. De hecho, logró alcanzar los cero casos activos en julio de 2021 por un breve período.
El momento fue aprovechado políticamente para presentarla como ejemplo del éxito de la estrategia aún vigente (inmunidad de rebaño), omitiendo una importante razón: gracias a la escasa población (108 mil habitantes) y densidad territorial (0,95 hab/ Km2) el aislamiento es una condición inherente a la vida aysenina.
También Aysén es la región con menos muertes Covid-19 del país. Su tasa de fallecidos totales es de 160 cada 100 mil habitantes. Pero si se compara con más detalle, esa tasa no dista demasiado de las regiones que le siguen en menor mortalidad: Tarapacá, 3 veces más poblada tiene una tasa de 178 fallecidos y Coquimbo, 8 veces más poblada, 189 decesos por 100 mil habitantes, según el último informe del DEIS.
Ante la falta de una evaluación oficial de los resultados de la estrategia de contagio progresivo y en momentos en que tanto los Ministerios de Salud y de Educación se muestran proclives a la eliminación de mascarillas al aire libre, parece razonable que sea una comuna de Aysén donde se inicie el proceso de eliminación del principal símbolo de la pandemia.
Y es Chile Chico, comuna concertacionista administrada por turnos por alcaldes PPD y PDC desde los 90' hasta 2004, cuando asume Luperciano Muñoz González, inaugurando su primer ciclo edilicio de 12 años.
En su tercer mandato el edil pasa más tiempo en tribunales que en el municipio. En 2013 el director del hospital de Chile Chico se querella en su contra por injurias y calumnias. El alcalde fue absuelto por falta de pruebas.
En 2015 es acusado de malversación de fondos públicos, por utilizar parte de recursos de un proyecto de mejoramiento urbano para pagar remuneraciones de una persona que trabajaba en la radio municipal. El primer juicio, que resultó en absolución, fue anulado y del segundo no existen antecedentes en la página del Poder Judicial, donde se advierte que puede tratarse de una causa reservada.
En otro tipo de tribunal, el Tricel, los concejales de Chile Chico acusaron a Luperciano Muñoz de notable abandono de deberes y de contravenir gravemente la probidad administrativa. El concejo pedía la remoción definitiva del alcalde, por cargos como dictar actos administrativos mientras estaba suspendido (entre ellos autorizar el pago para sí mismo de $10.000.000 por concepto remuneraciones adeudadas) y una serie de actuaciones que derivaron en pérdida del patrimonio municipal, expuestos en el Informe Final Nº5 de la Contraloría regional en 2013, como autorizar pagos por obras no ejecutadas. El Tricel desestimó la acusación por falta de pruebas.
Entre 2014 y 2016 el alcalde fue suspendido en dos oportunidades debido al caso Áridos, por el cual fue imputado como autor intelectual de hurto de áridos y robo en lugar no habitado. De acuerdo a la Fiscalía Luperciano Muñoz habría ordenado a funcionarios del municipio realizar las labores de extracción en un sitio privado, entre junio de 2009 y marzo del 2010. Tras el primer juicio fue suspendido de su cargo y de su militancia. Fue absuelto por falta de pruebas convincentes. La sentencia se anuló y se ordenó un nuevo juicio. En junio de 2016, nuevamente, y ahora en forma definitiva, Luperciano Muñoz González es absuelto por falta de pruebas convincentes para el tribunal.
Básicamente, entre 2013 y 2016 se revelaron graves hechos de corrupción en Chile Chico, implicando recursos e instituciones públicas - Fiscalía, Contraloría, Tricel y Municipio - en que no se presentaban pruebas suficientes para acreditar culpabilidad o inocencia, pero sí para dejar claro que el alcalde no debía repostularse a un nuevo período. A la salida del tribunal Luperciano Muñoz dio un punto de prensa en el que destacó que sólo quería terminar su mandato y que le prometía a la Fiscalía y a "ciertos poderes" que después de 2016 no seguiría siendo alcalde de Chile Chico.
"Le prometemos, se lo cambiamos, que no vamos a ser más alcalde de la comuna de Chile Chico y que nos dejen tranquilos para terminar este año que nos queda" (sic)
La promesa duró un período de administración municipal, tiempo en que Chile Chico tuvo nuevamente un alcalde DC.
Los lazos con la ex Concertación no se vieron afectados. Aunque renunció al PPD, fue postulado como senador por Aysén por el Partido Radical.
Tras esa candidatura fallida repostula sin objeciones al sillón alcaldicio, donde parte un segundo ciclo en 2021.
Una de sus primeras actuaciones en este nuevo período fue el despido de más de 130 funcionarios y funcionarias a honorarios, entre quienes se encontraban adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas en situación de discapacidad y una trabajadora de la radio municipal diagnosticada con cáncer grado 4 con metástasis.
Ante el impacto que generaron estos despedidos en una comunidad de apenas 5.000 personas, el alcalde se defendió argumentando la crisis económica del municipio, eventualmente en quiebra, y de lo cual responsabilizó al edil anterior que estuvo un período.
Sin embargo, acto seguido presentó "un convenio para entregar recursos a Carabineros para mantención de vehículos policiales, también pide una subvención para una organización a cargo de carreras de caballos, despide a un funcionario de educación que la Contraloría determina que debe reintegrar, deja a jóvenes y deportistas sin becas para estudios superiores y el mismo beneficio para quienes destacan en alguna disciplina deportiva. Entre otras, situación polémica que han sido parte de los primeros meses del Alcalde, quien históricamente ha postulado a cargos públicos representando a partidos de la centro izquierda y ahora sorprende comparándose con Augusto Pinochet" constató el medio El Divisadero, apenas dos meses después del retorno de Luperciano Muñoz .
La funcionaria con cáncer presentó un recurso de protección en virtud de la Ley 21.258 que prohíbe el despido de personas con esta enfermedad, pero el tribunal lo desestimó argumentando que la Ley del Cáncer no protege a trabajadores a honorarios.
Sin embargo las demandas por despido injustificado sí comenzaron a dar frutos. La primera de ellas, que agrupa a 30 trabajadores, culminó en condena en contra de la Municipalidad de Chile Chico, por un monto de más de $ 400 millones.
Con un municipio quebrado, nuevos juicios y deudas por pagar, decenas de familias dañadas por los despidos y otras molestas por la palabra incumplida, el alcalde Luperciano Muñoz ha continuado dando entrevistas a los grandes medios de comunicación sobre sus razones para eliminar las mascarillas, como la salud mental de las personas y los gestos políticos.
Imagen: captura de pantalla
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