Algunos medios informan que la venta de la mina Dominga, localizada en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, de propiedad de la familia Piñera Morel a empresas de Carlos Délano en diciembre del año 2010, para extraer concentrados de hierro y cobre fue por US$ 150 millones y Ciper publica que la transacción fue por la suma de US$ 138 millones, operación comercial protocolizada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, que consideró el pago en 3 cuotas, una de US$ 106,8 millones en el momento de la firma de los papeles, otra de US$ 21 millones que se debía pagar el 18 de enero de 2011 y la tercera de US$ 9,9 millones a pagarse el 13 de diciembre de 2011, condicionando este único pago solo si el Estado, luego el gobierno de Piñera, no declarara una protección ambiental para la zona en donde se localiza la mina.
Las operaciones mercantiles se hicieron a través de un entramado de empresas teniéndose en cuenta que durante el gobierno de Bachelet se intentó firmar un decreto para proteger la zona, lo que no se materializó porque no hubo acuerdo entre los ministros de esa administración en la definición de los límites territoriales y durante el gobierno de Piñera, que se inició el 11 de marzo de 2010, no hubo ningún interés en abordar dicha protección.
Por lo anterior, dado que al 13 de diciembre de 2011 se habían cumplido a cabalidad las exigencias contenidas en el acuerdo firmado en esa jurisdicción extranjera, en esa fecha Délano pagó esa tercera cuota de US$ 9,9 millones, lo que obviamente había hecho con anterioridad respecto de las otras 2 cuotas.
Entonces ¿cuál es la pregunta que surge? Por qué no se supeditó la exigencia establecida en el contrato al total del pago, es decir, a los US$ 138 millones, si el gobierno de Piñera, hubiera procedido a declarar la protección, con la cual la explotación minera era inviable. ¿Por qué solo la tercera cuota por la ínfima suma de US$ 9,9 millones estaba afecta a esa penalidad?
Obviamente era del todo racional, comercialmente hablando, que el castigo debía ser todo el monto de la transacción, de tal forma que si hubiera existido un acto administrativo a partir de marzo de 2010 que declaraba la zona como parque nacional, reserva natural u otra forma de preservación, el contrato entre las partes se debía rescindir y Délano tenía que devolver todo el dinero a la familia de su íntimo amigo Piñera, quien aduce que desconocía la transacción.
Otro aspecto que llama sumamente la atención es que se haya decidido formalizar el negocio en un paraíso fiscal, habida cuenta que en una entrevista en televisión que se le hizo a Piñera y al candidato Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, nuestro mandatario habló pestes de esas jurisdicciones, mientras su contertulio mostraba en la pantalla su incomodidad al escuchar las convincentes y probas expresiones de Piñera.
Pero sobre este cuestionado negocio se debe tener en cuenta la opinión del competente geólogo Mario Rojo, 📁 quien fue lapidario en su análisis técnico sobre su explotación, manifestando entre otras cosas, que se trata de una especulación de operadores expertos en finanzas, lo que fue desmentido por Dominga, 📁 en cuyo tercer párrafo dice que tienen certificado: "El proyecto Dominga cuenta con un estudio de factibilidad que determina que el proyecto es apto para licitar su construcción (NI 43-101, National Instrument, Standards of Disclosure for Mineral Projects), proceso para el cual participaron algunas de las más importantes empresas especialistas en el desarrollo de este tipo de proyectos en el mundo (SRK, WorleyParsons, SNC-Lavalin, PRDW, BARR, entre otros), además de destacadas expertos (QP) chilenos y extranjeros".
Al respecto, para dilucidar la controversia entre el geólogo Rojo y la empresa, nos gustaría que Dominga o Andes Iron haga público ese presunto certificado.
Pero, haciendo abstracción de ello, pues estamos ante una delicada materia que deberá ser resuelta por los tribunales de justicia, conforme a las indagaciones que haga la fiscalía nacional del Ministerio Público, a pesar de que el Palacio de La Moneda insiste en afirmar que "hay cosa juzgada" (sic) favorable al imputado, solo nos queda decir que lo obligatorio éticamente para nuestros empresarios top, los mismos que acumulan la riqueza del país, es que a partir de ahora no efectúen nunca más sus lucrativos negocios en esa islita del Caribe, ni en ningún otro oscuro paraíso fiscal de los cientos que existen en el mundo.
Todos sabemos que el ex fiscal Manuel Guerra fue negligente en investigar lo acontecido en este episodio y por ello existe un fallo judicial que exculpó a Piñera, pero ahora, gracias a los Pandora Papers, quien hará correctamente las indagaciones será la fiscal Claudia Perivancich, nominada para tal efecto por el fiscal nacional Jorge Abbott.
En resumen, aparte de que, si la mina tiene o no hierro de calidad, para que Dominga pueda ser vendida en el mercando internacional, el hecho cierto, en cuanto a que en el contrato se haya fijado esa cláusula asociada a una decisión de Piñera como presidente de la República, probablemente será motivo de una condena de marca mayor.
Escrito por Voces
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