“Sabemos que el Intendente de Santiago, el político DC Claudio Orrego Larraín, defiende al hijo de doña Berta Fernández Larraín, el patrón de fundo Andrés Ruiz–Tagle Fernández, quien a su acaudalada situación añadió el chorro de millones que ha ganado con convertir su hacienda en el vertedero Santa Marta; el mismo que en estos momentos tiene a la gente de la capital respirando mierda”, escribió Pablo Huneeus en 2016.
El 15 de enero de ese año comenzó el incendio del gigantesco basural perteneciente al Consorcio Santa Marta. El 19, cuando el humo y el hedor alcanzó el corazón de Santiago, y muchos presentaban cefaleas y vómitos, fue considerado una emergencia sanitaria.
“La información que tenemos hasta ahora (…) es que este incendio no tiene contenido tóxico”, dijo el intendente metropolitano y hoy candidato a gobernador Claudio Orrego, causando indignación entre los capitalinos que, por primera vez antes de la pandemia, agotaron las existencias de mascarillas y recordaban su reciente prohibición de asados debido a la contaminación del aire.
Paradojas de la vida, el presidente del Colegio Médico de entonces, Enrique Paris, criticó al intendente y lo emplazó a entregar datos “cuando el intendente Orrego dice “no, no es tóxico”, bueno, que lo demuestre, para eso debe tener mediciones”.
Orrego, que había enarbolado el tema de la modernización de la gestión pública durante 25 años, tuvo que leer que el informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se refiriera a la reacción de las autoridades como tardía, improvisada y falta de capacidad para dimensionar los efectos de la nube tóxica. 📁
Frente a posibles sanciones al Consorcio Santa Marta, Orrego se manifestó siempre a favor de multas, no más allá pues “la gente se olvida que la alternativa al relleno sanitario hoy en Chile es el vertedero ilegal”. Ante la Cámara de Diputados, apuntó a la falta de personal y de herramientas de fiscalización del Estado, no a la empresa que ya acumulaba 45 sanciones en 14 años de funcionamiento.
Tras el incendio se establecieron más de una docena de incumplimientos ambientales de la empresa, que repercuten hasta ahora. La semana pasada se anunció la formalización del directorio por la contaminación del estero El Gato de Talagante, descubierta a raíz del incendio.
El directorio Santa Marta es presidido por Guillermo Ruiz Pérez, cercano a la UDI y amigo personal de Pablo Longueira. Antes del vertedero poseía una pequeña compañía sanitaria “hasta que dio el salto en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se aprobó la entrada al sector privado de las empresas sanitarias” señala Poderopedia.
“El principal objetivo del proceso privatizador fue la modernización del sector” se lee en un informe del centro de estudios de la UDI Libertad y Desarrollo que recuerda los discursos de la época: las sanitarias tenían ineficiencias operacionales y de gestión, mala calidad de servicios y de tratamiento de aguas servidas. 📁
Estas privatizaciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas encabezado por Ricardo Lagos Escobar al tiempo que Claudio Orrego, era el jefe de División de Modernización del Estado del gobierno de Frei Ruiz-Tagle.
Beneficiado por las modernizaciones, Ruiz Pérez comenzó de inmediato a tramitar el negocio del vertedero, para el que se asoció, entre otros, con el ex tesorero del PPD Gustavo Silva Cabello, vinculado a la investigación de aportes ilegales de SQM a partidos políticos y con Andrés Ruiz–Tagle Fernández (fallecido en 2019) y su hijo Andrés Ruiz–Tagle García Huidobro, dueños del terreno donde se emplaza el mega-basural.
También de ultra derecha, la familia Ruiz-Tagle fue la que dinamitó los hornos de Lonquén en 1980 tras el hallazgo de restos de detenidos desaparecidos, “para exterminar todas las huellas del horror e impidieron el paso a un lugar que se había convertido en centro de peregrinación”, relata Mario Amorós en el libro Después de la lluvia: Chile la memoria herida.
Tras dos rechazos de la COREMA, el vertedero obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en 2001, ya en el gobierno de Lagos, con un proyecto casi idéntico al que había sido rechazado. El vertedero fue ubicado a 1 kilómetro y medio del sitio de memoria y Monumento Histórico Hornos de Lonquén.
Dos años después, ante sucesivos escándalos de corrupción, la salvación del gobierno de Lagos provino de un gran acuerdo político gestado por Pablo Longueira, líder de la UDI y amigo del presidente del directorio de Santa Marta.
Los Mariscales Rusos
Al igual que el Consorcio Santa Marta, los vínculos con la elite de Claudio Benjamín Orrego Larraín marcaron su ascenso. El hijo de la secretaria personal del Presidente Patricio Aylwin Azócar, Valentina Larraín Bunster y del diputado electo en 1973, Claudio Orrego Vicuña, pertenecía a las cumbres demócrata cristianas por nacimiento.
Como suele ocurrir en las elites, las historias se repiten con sólo un leve cambio de apellidos:
Orrego Vicuña fue presidente de la FEUC y asesor del presidente Eduardo Frei Montalva. Tres décadas después Orrego Larraín fue presidente de la FEUC y asesor del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El padre del candidato a gobernador metropolitano no sólo fue un férreo opositor al gobierno del socialista Salvador Allende Gossens. Desde antes que asumiera Allende, ideó la estrategia de los “Mariscales Rusos” que consistió en permitir que la UP llegara al poder para luego hacerle imposible gobernar. En sus palabras:
“Mientras tanto el enemigo es hostilizado para desgastarlo, para desorganizarlo, para dificultarle su avance, para desmoralizarlo; pero sin presentarle nunca la batalla final. Y se retrocede hacia Moscú quemando tierras y abandonando pueblos hasta que se acerca el invierno y comienzan a caer las primeras nieves. Es esa la hora para la primera gran batalla y para la ofensiva final”. 📁
La gran batalla inició en agosto de 1973 con Patricio Aylwin en la presidencia del PDC, Eduardo Frei en la presidencia del Senado y Luis Pareto en la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces Aylwin encomendó a Orrego llegar a acuerdo con el Partido Nacional para declarar al gobierno como ilegítimo, sin acusación constitucional mediante.
Los diputados de derecha y PDC sellaron el acuerdo el 22 agosto de 1973, llamando a las FF.AA. y a Carabineros a poner “término inmediato a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes”. Semanas después, la Junta Militar justificó el Golpe de Estado con este acuerdo.
En los años 80 fallecieron Frei Montalva y Orrego Vicuña. En 1990, con 17 años de retraso la Democracia Cristiana asumió el poder tras el golpe militar, con Patricio Aylwin a la cabeza.
Modernizador
El vástago del ex diputado y de la secretaria del Presidente se licenció como abogado de la PUC en 1991. Según su currículum, no tuvo tiempo para escribir su CV y sus primeros 5 años como profesional muestran un ritmo vertiginoso.
Apenas se licenció, pasó a ser asesor del Centro de Estudios del Desarrollo CED creado por Gabriel Valdés Subercaseaux (presidente del Senado) y asesor de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada Edgardo Boeninger Kausel, ministerio encargado de la coordinación del Ejecutivo con el Parlamento.
Luego será un activo colaborador de la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Junto a Juan Villarzú y Rodrigo Egaña desarrollan un tema clave en la agenda del futuro presidente: la modernización del Estado.
Bajo el lema modernizador, la Concertación inició entonces cambios que fueron en directo beneficio del empresariado. La gestión de los servicios fue modernizada con gobierno electrónico, que quedó a cargo de empresas informáticas privadas, algunas de las que pasaron de proveedores a administradores, como SONDA con el Transantiago. Las empresas estatales fueron modernizadas con privatización y concesiones como ocurrió con las sanitarias y el mercado del trabajo fue modernizado o flexibilizado con una serie de desregulaciones de los derechos laborales que, como se dijo entonces, encarecían la productividad.
El proyecto partió como un comité a cargo de Egaña los dos primeros años de gobierno de Frei. Como base académica en esta materia, Orrego sólo contaba con su tesis universitaria Flexibilidad en el Mercado del Trabajo por lo que aprovechó ese tiempo para prepararse.
De 1994 a 1995 obtuvo un puesto como investigador del BID en Corrupción y Modernización del Estado. El 95 fue más intenso porque en paralelo cursó el Máster de Políticas Públicas en Harvard y trabajó de asesor del Ministerio de Salud. Así llega 1996 cuando el comité se transforma en la División de Modernización del Estado y Orrego asume su jefatura hasta el 2000, mismos años en que también fue concejal de Peñalolén.
La Resolución 43
Fue bajo el mandato de Ricardo Lagos, cuando Claudio Orrego, con apenas 33 años, obtuvo su primer cargo de primera línea: biministro de Vivienda y Bienes Nacionales, de marzo a diciembre del 2000.
Era el primer miembro de la juventud concertacionista que llegaba tan alto, pero los reiterados conflictos por el control de los proyectos Bicentenarios con Matías De la Fuente, hombre de confianza de Lagos, determinaron su salida en menos de un año.
Pese al breve período, el hijo del creador de la estrategia de los mariscales rusos, estaba en el momento y lugar preciso para asestar un duro golpe a un vestigio de la UP que amenazaba con revivir.
Víctor Pey fue un empresario español nacionalizado chileno, amigo personal de Salvador Allende y de Darío Sainte-Marie (Volpone) fundador de Clarín que gustaba decir que el triunfo de la Unidad Popular se debía al apoyo del diario, entonces el más leído en Chile. En 1972 Sainte-Marie vende Clarín a Pey, que alcanza a administrarlo un año antes de ser clausurado y expropiado por la dictadura.
Al retornar del exilio, el empresario solicitó reiteradamente al gobierno de Frei Ruiz-Tagle la compensación por haber sido expropiado en dictadura, con el objetivo de poner en circulación nuevamente al diario. No tuvo respuesta. Por ello en 1997, acudió al tribunal internacional del Banco Mundial, CIADI, para solicitar la indemnización, más el lucro cesante.
Entonces la elite se unió en una de las operaciones más complejas y vergonzosas de la institucionalidad democrática.
“Alguien –con mucho poder- dio el "vamos" a la propuesta de crear una red de herederos, de modo de despojar a Pey de sus derechos”, escribió Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo, quien denunció numerosos hechos de corrupción vinculados el caso Clarín en la revista Rocinante, sin nunca ser desmentida.
La operación involucró a todos los poderes del Estado, se litigó por 22 años en tribunales internacionales y se gastaron millones de dólares de impuestos de todos los chilenos para el pago de lobistas, abogados y herederos alternativos sólo para detener a Pey.
El Poder Legislativo promulgó la ley 19.568 que restituía o indemnizaba bienes confiscados, sin posibilidad de demandar lucro cesante; el Poder Judicial anuló el decreto de expropiación de la dictadura que acreditaba que Víctor Pey era el único propietario de Clarín y el Ejecutivo se encargó de encontrar y validar un grupo de propietarios alternativo.
El cuarto poder, controlado por el duopolio El Mercurio - La Tercera, desacreditó las demandas de Pey e incluso una nueva revista creada en 1998 - The Clinic - se apropió de la leyenda de Clarín “Firmes junto al Pueblo”.
Luego de armar la red de herederos, el mismo abogado contratado para ello, representó al grupo para acogerse a la ley 19.568.
El paso siguiente fue reconocer a la red y autorizar su indemnización. Si el litigio internacional resultaba adverso, la compensación a los dueños "alternativos" de Clarín - fijada en US$ 9 millones - ya habría sido resuelta.
Ese fue el papel de la Resolución 43 del Ministerio de Bienes Nacionales, que Claudio Orrego firmó pese a que la Constitución prohibe expresamente que el Poder Ejecutivo resuelva sobre temas pendientes en la justicia. 📁
En 2008, tras 11 años de litigio, CIADI condenó la Resolución 43 y ordenó al Estado de Chile pagar US$ 10,1 millones a Víctor Pey por montar esta operación con el objetivo de denegarle justicia. También se refirió a la estrategia de Chile como responsable del largo juicio y sus altos costos:
"La duración del presente procedimiento, y por consiguiente sus costas para todas las partes y para el CIADI, se han visto considerablemente aumentadas debido a la estrategia adoptada por CHILE que consistió, además de las excepciones habituales o "normales" a la competencia, en multiplicar objeciones e incidentes a veces incompatibles con las prácticas del arbitraje internacional”.
Lejos de pagar y cerrar este bochornoso operativo, la elite decidió continuar litigando a costa de dineros fiscales. Sólo hasta 2013 se gastaron US$ 7 millones en bufetes para representar a Chile en el tribunal internacional, más los US$ 9 millones entregados a los supuestos herederos. El CIADI revirtió su decisión en 2016. Pey denunció relaciones prohibidas entre Chile y 2 de los árbitros del tribunal en este período, solicitó anular el fallo y que se revelaran los pagos al poderoso bufete inglés al que pertenecían los jueces. Ello no ocurrió y el juicio terminó definitivamente en enero de 2020, cuando Víctor Pey llevaba 2 años fallecido.
Príncipe
Tras su salida del gabinete de Ricardo Lagos, Claudio Orrego se convirtió en Vicepresidente de desarrollo de negocios y gobierno electrónico de SONDA, de Andrés Navarro Haeussler, con quien tenía una gran amistad desde los tiempos en que fue jefe de la División de Modernización del Estado.
SONDA fue una de las empresas más favorecidas con las modernizaciones del tipo gobierno electrónico impulsadas por la Concertación, beneficio que retribuía en las campañas. En 2015 el propio Navarro se autodenunció como financista ilegal de la política de los primeros gobiernos de la Concertación. “Es una irregularidad, pero afortunadamente están todas prescritas” dijo.
Aunque el puesto era perfecto para su perfil, Orrego no olvidó la falta de apoyo de su propio partido cuando fue removido de los ministerios de Vivienda y Bienes Nacionales.
La explicación, es que muchos militantes lo criticaban como parte del Los Príncipes, hijos o parientes de próceres DC, que se encumbraron en política sin nunca haber ganado votos en la calle.
El golpe para Orrego fue fuerte. Después de alejarse de la empresa privada, tomó una decisión estratégica: "Había que salir a buscarse afuera, es decir, ser elegido en un cargo de elección popular”, publicó El Mostrador.
Así, volvió a la arena política como alcalde de Peñalolén el 2004. A poco andar, Radio Agricultura y La Segunda lo distinguieron como mejor edil metropolitano abriendo camino a su segundo período donde alcanzó una sólida votación de 58%. Fiel a su historia, el 2009 se auto suspendió del cargo para dedicarse por completo a la campaña de segunda vuelta de Frei Ruiz-Tagle, el ex presidente que ahora competía con Sebastián Piñera Echeñique.
Tras demostrar que era un político con terreno, en 2012 se ofreció como candidato presidencial del PDC y se enfrentó en primarias a Michelle Bachelet que, como era de esperarse ganó ampliamente. Quedó tercero con 8,9% de los votos del núcleo concertacionista. La Presidenta reservó para él un apetecido cargo de designación, Intendente Metropolitano. Allí ejercía cuando comenzó el incendio del vertedero.
Nota de la redacción: Claudio Orrego fue biministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales. Obras Públicas, que se mencionaba en la versión anterior fue corregido.
Escrito por Lucía Escobar
gran trabajo, una leve corrección, era ministro de vivienda y bienes nacionales de Lagos
ResponderEliminarEs muy bueno,excelente recordarle a Orrego su trayectoria política, que hoy, quiere que no se la recuerden.Niño símbolo de la DC ha vivido a expensas de cargos públicos desde 1990 en adelante, pero para destruir y privatizar la labor del Estado.Su tiempo ya pasó. Denigra a Karina Oliva señalando que no tiene "capacidad", "experiencia","trayectoria" etc. Pero, este artículo revela sus obscuros pasos!
ResponderEliminarNo se le puede cargar al hijo los actos del padre o de sus parientes. Se le busca todo lo que pueda afectarle y se le da una connotación maligna. Nada se Dice, por ejemplo que participó activamente contra la dictadura en su época de estudiante. Tampoco de su actuación como alcalde de Peñalolen. De lo que se Dice de su actuación pública demuestra que es bien diablo el muchacho, pero si en algo tiene razón es la falta de preparación de Karina Oliva. Lo ha demostrado en los foros que le he visto en que apenas supera el nivel de eslogan. Y, cómo Dice el dicho, más vale diablo conocido que Santa por conocer y ante 2 alternativas cuestionable, voto por Orrego. Y que jué.
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