"Frente a las erráticas y continuas malas decisiones del Gobierno en lo que respecta a la política sanitaria, social y económica para conducir la pandemia del covid, demandamos la creación de un comité de crisis multidisciplinario y transversal para tomar decisiones urgentes e inmediatas", expresa la declaración pública conjunta de cuarenta organizaciones sociales, políticas y gremiales del país.
Desde CONFUSAM, FENATS y ANEF en representación de funcionarios y funcionarias del sector público a organizaciones sociales y de usuarios de salud, más las comisiones de salud de partidos políticos y movimientos de oposición, se unieron ante un diagnóstico contundente: "la red asistencial se encuentra en un estado de catástrofe".
"Camas críticas completamente saturadas, con pacientes esperando días en urgencia, donde con esfuerzo los equipos de salud aplican ventilación mecánica a espera de cupos en UCI, las que para algunos nunca aparecen.Frente al colapso hospitalario, la atención primaria ha debido recurrir a las unidades de “Observación Prolongada” improvisadas", denuncian los firmantes, al tiempo que destacan el creciente número de casos sospechosos de infección con nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 en el país.
"La actual pandemia ha dejado al descubierto la precariedad, desfinanciamiento y debilitamiento de nuestro sistema público de salud" y por ello, para cortar la cadena de contagio, "no bastan medidas aisladas, y se requiere una inmediata respuesta integral, intersectorial, con la participación coordinada de distintos actores y un importante componente local y territorial".
Ante ello, los gremios, organizaciones sociales y partidos políticos entregaron una detallada propuesta, con medidas que incluyen:
- Acciones sobre determinantes y condicionantes sociales de la salud: que aborda desde una Renta Básica Universal de Emergencia, Protección efectiva del empleo hasta Justicia Tributaria, que exija un mayor aporte de recursos a las grandes fortunas, incluyendo impuesto a los súper ricos.
- Gobernanza de la Crisis y participación social: va desde incorporación representantes de la comunidad científica, organizaciones sociales, gestores de salud, trabajadores de la salud y representantes del parlamento en espacios de participación efectiva y con carácter resolutivo en definiciones estratégicas de la pandemia, a la transparencia de datos y de los criterios con los que se toman las medidas sanitarias (como las fases de desconfinamiento) y que estos métodos sean los recomendados por la OMS.
- Centralidad de la Atención Primaria de Salud (APS): con una estrategia basada, entre otros aspectos, en aumentar en 50% la dotación de personal de APS y asegurar toda la implementación logística que se requiere para el trabajo de testeo, trazabilidad y aislamiento hasta el fortalecimiento del Instituto de Salud Pública en el ámbito de la vigilancia genómica de las variantes presentes en el país.
- Comunicación de Riesgo: con mensajes claros que se apeguen a la evidencia científica y lineamientos de la OMS y que eviten culpabilizar a la población por la falta de adherencia a las medidas; con comunicaciones oficiales de las medidas llevadas a cabo por espacios colegiados y de trabajadores/as de la salud de todos los niveles de atención; y con un MINSAL que asuma su rol de promoción y educación a nivel central y local.
- Rol de la Red asistencial: se propone ampliar capacidad de la APS para la entrega de licencias médicas y habilitar códigos para las secuelas del COVID para permitir una rehabilitación adecuada en domicilio; asegurar la disponibilidad de reactivos, insumos, medicamentos y equipamiento de protección personal a la red asistencial y establecer comités multidisciplinarios comunales, que adapten los distintos aspectos de la estrategia a la realidad local, entre otros.
- Protección de Trabajadoras y trabajadores: se propone implementar un enfoque de salud ocupacional en los lugares de trabajo para lo cual se necesitan medidas urgentes como: protocolos de prevención COVID en cada empresa, con supervisión de auditores internos, y fiscalización de mutualidades y del Gobierno; transporte privado para trabajadores de empresas esenciales, pagado por éstas y garantizar derechos laborales de trabajadores a honorarios.
"Chile vive momentos dolorosos. Esta pandemia ha puesto a prueba a un sistema público de salud ya amenazado por restricciones presupuestarias y proyectos de ley que buscan aumentar los negocios en salud (ej. Mejor Fonasa). Superada esta crisis, debemos cambiar de dirección, hacia una que transforme la salud en un derecho universal efectivo, avanzando con reformas estructurales en la constitución y leyes que limiten el espacio del lucro en salud y avancen hacia un sistema universal", concluye el documento.
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