A sólo unos días de que el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas (CMW) recordó al gobierno que las convenciones internacionales firmadas por Chile prohíben las expulsiones colectivas, diversas organizaciones denuncian que el gobierno prepara una nueva expulsión colectiva de migrantes a ejecutarse posiblemente este domingo 25 de abril. Se trataría de más de un centenar de extranjeros que ingresaron al país en forma irregular de los cuales se denuncia que a algunos se les ha detenido en residencias sanitarias y se les ha notificado de su expulsión mediante engaño, pues se les pide llenar un formulario supuestamente sanitario tras la toma del test PCR, entre otras cosas.
"La detención de estas personas se encuentra plagada de irregularidades: se han efectuado revisiones corporales indebidas, se ha impedido el ingreso de abogados del Servicio Jesuita Migrantes al cuartel de la Policía de Investigaciones, se está reteniendo a personas que requieren protección internacional y a otras que están acompañadas de niños niñas y adolescentes en nuestro país, ambas situaciones impiden que se les expulse; la detención se extiende por más de 24 horas, por sobre el límite legal, fundado en una aparente e ilegal decisión de la autoridad", dice la declaración conjunta del Servicio Jesuita Migrantes y las Clínicas Jurídicas de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales.
La Coordinadora Nacional de Migrantes aseguró que desde mediados de la semana se inició un proceso de fiscalización en zonas donde predominan personas migrantes, fiscalización que se intensificó tras la publicación de la nueva Ley de Migraciones en el diario oficial el martes 20 de abril.
"En las últimas 48 horas fueron notificados de expulsión (el mismo día que se decretaron) y quedaron de detenidas personas migrantes de manera simultánea en la regiones de Arica y Parinacota Antofagasta, Tarapacá, Metropolitana, siendo informadas de que serían expulsadas administrativamente. Estas personas son en su mayoría venezolanas pero también de otras nacionalidades y fueron detenidas al acudir a la Policía de Investigaciones a control de firmas en las dependencias policiales (control migratorio que se abre luego de realizar la autodenuncia) o en la residencia sanitarias en las que se encontraban lugares que se han convertido en centros de detención informales", afirma la organización, que agrega que "no se tiene conocimiento sobre las condiciones en la que se encuentran ni se garantiza la integridad de las personas detenidas particularmente por la emergencia sanitaria del COVID-19".
Por su parte, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes. destaca que "se repite este procedimiento irregular, realizado en fin de semana, en momentos de pandemia, y cuando las personas afectadas tienen mayor dificultad para acceder a defensa jurídica y de manera engañosa. Al respecto el Comité de protección de los derechos de trabajadores migratorios de las Naciones Unidas en sus observaciones más recientes sobre el segundo informe periódico de Chile expresado su preocupación por los procedimientos de expulsión con limitaciones al derecho a la defensa al debido proceso y sin considerar un análisis individualizado considerando por tanto que se trata de pulsiones colectivas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos al respecto los tribunales nacionales se han manifestado sobre la ilegalidad de tales excursiones al considerar que estas desconocen los derechos consagrados en la Constitución al considerar que estas desconocen los derechos consagrados en la Constitución".
"A pesar de qué los tribunales superiores de justicia tienen un gran abanico de sentencias que cuestionan las pulsiones administrativas como las que se van a desarrollar y que la academia nacional como internacional ha señalado que dichas deportaciones son totalmente ilegales y inhumanas el gobierno persisten llevarlas a cabo. Son ilegales pues no se da un plazo razonable para que las personas notificadas se puedan defender además de la nueva ley permite que aquellas personas que hayan ingresado de manera irregular pueden salir en un plazo de 180 días desde la publicación de la ley existe un plazo legal que una vez más se está violando con las masivas pulsiones lo cual está cuestionado por el derecho internacional", señala la Asamblea Abierta de Migrantes y Pro migrantes en AMPRO de Tarapacá.
Tanto la Red nacional de organizaciones migrantes como AMPPRO consideran muy significativo que esto ocurra en momentos en que el tercer retiro de fondos de AFP complica el gobierno de Sebastián Piñera y consideran que "se está utilizando políticamente la vida de los derechos de las personas migrantes en busca de recuperar algo de popularidad sembrando odio hacia las personas vulneradas".
Se pueden revisar cada una de estas declaraciones acá 📂
Ante el Segundo Informe periódico de Chile, publicado en forma preliminar el 20 de abril pasado, el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas se mostró preocupado por las expulsiones colectivas y los derechos humanos de los migrantes, en especial en contexto de pandemia.
Ante las observaciones del comité, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli respondió que "nosotros, como Estado, no procedemos a la expulsión de ciudadanos extranjeros más allá de que hayan ingresado clandestinamente a Chile no procedemos a su expulsión si es que esos ciudadanos son acompañados de niños niñas y adolescentes si es que la autodenuncia es pre requisito para entrar a una residencia sanitaria en eso quiero ser tajante y absoluto: No. Los ciudadanos extranjeros ingresan a residencias sanitarias por una razón eminentemente sanitaria y eso no distingue condición migratoria ni nacionalidad".
Escrito por Lucía Escobar
son todos ilegales, la expulsion es la aplicacion de la ley.
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