No hay stock, le responden a Javiera Ignacia cada vez que pregunta si le pueden entregar su tratamiento antiretroviral por dos o tres meses, a pesar de que en junio el ex ministro de Salud Jaime Mañalich aseguró que para los pacientes con VIH “los consultorios están entregando medicamentos, e incluso yendo a dejarlos a domicilio por periodos prolongados de tres meses”.
No hay stock le dicen a Javiera cuando llama al hospital, y sabe que otro mes, como lo ha hecho desde que llegó el COVID-19 a Chile, debe exponerse al contagio y enfrentar el miedo, cansancio y dolor que le significa ir en su silla de ruedas desde Renca hasta el Hospital San José, en la comuna de Independencia. Una silla de ruedas manual, porque la que tenía con motor se dañó y no ha tenido dinero para repararla.
Javiera Ignacia tiene 70% de discapacidad física acreditada por Senadis. Tiene fuerza en un lado del cuerpo, así que debe conducir su silla con un sólo brazo, tres cuadras hasta el paradero más cercano para tomar locomoción, descender en Mapocho y de allí tomar otra micro hasta el hospital. Y todo eso lo hace sola, sólo pide ayuda para que le bajen la rampa en el microbús o cuando debe pasar un resalto en el camino.
“En casa uso un burrito para moverme, porque yo hago todas mis cosas. Cuando me toca hacer aseo quedo agotada por más de un día, imagínate lo que significa ir al hospital”.
Su tratamiento combina Emtricitabina 200mg, Tenofovir 300mg, Dolutegravir sódico 50mg, Lopinavir 200 y Ritonavir 50mg. “Pese a ser muchos a la vez, yo me tomo mis medicamentos. Ojalá me entregaran la pastilla única para el VIH, como lo hacen con otros pacientes, que incluye todos los medicamentos para el VIH, pero no ha sido así”.
Javiera piensa en otros pacientes VIH que en el mismo Hospital San José reciben su triterapia para al menos dos meses. Ella, con artrosis severa en ambas caderas, historial de accidente cerebro vascular, epilepsia y una toxoplasmosis que le significan tomar de por vida 15 medicamentos adicionales, sabe que es mucho más vulnerable que sus compañeros y compañeras seropositivas.
Cuando pregunta por qué a ella no le entregan los medicamentos por lo menos por dos meses, recibe una sola respuesta: No hay stock.
Una vez en el Hospital San José, espera su turno en la farmacia. El último retiro fue el pasado 17 de noviembre. Todos la conocen, pues desde 2012 se atiende allí, como persona transgénera femenina, viviendo con VIH. Gracias a la Ley de Identidad de Género pudo cambiar su nombre registral. “Voté como Javiera, mi Cuenta RUT dice Javiera, y en la farmacia me llaman a viva voz como Manuel, desconociendo mi identidad de género”.
No hay stock en las reservas físicas y emocionales de Javiera, tras ocho meses de exponerse al riesgo de contagio COVID-19 cada vez que concurre por sus medicamentos y de someterse a la agresión de no ser respetada como mujer trans. Por ello, con el patrocinio de la abogada Gabriela Solís Valenzuela, presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, representado por el ministro Enrique Paris Mancilla, por vulneración de derechos constitucionales tales como la vida e integridad física y psíquica y el derecho a la protección de la vida privada y de la honra de las personas.
Entre otros antecedentes, el recurso se funda en la omisión de entrega de terapia antiretroviral de acuerdo al Ordinario 916 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales - motivado por la pandemia, y que data del 7 de abril de 2020 - que instruyó a los directores de Servicios de Salud “la implementación de la entrega de medicamentos para la cobertura de tratamientos para pacientes crónicos por un período de 2 a 3 meses”, y asimismo ordenó la priorización de “la entrega de medicamentos para pacientes crónico cuyas enfermedades constituyan factores de riesgo, tales como: personas inmunodeprimidos, personas que viven con VIH (...)”.
Y en la omisión de respeto al derecho a la identidad de género y rectificación de sexo y nombre registral, manteniendo la individualización de Javiera Ignacia en términos masculinos pese a ser una mujer transgénero, para lo que se presentarán recetas, boletas de dispensación y otros documentos hospitalarios.
El recurso fue admitido el 23 de noviembre por la Corte de Apelaciones de Santiago, y entregó un plazo de 5 días, hasta el 28 de noviembre, para que el Ministerio de Salud entregue un informe sobre el asunto, “bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el Nº15 del Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.
El caso de Javiera Ignacia podría representar un precedente no sólo para pacientes VIH que pueden estar en una situación similar, sino también para cualquier enfermo crónico que no reciba los medicamentos suficientes para no exponerse mensualmente al contagio en un centro hospitalario por cualquier causa, o simplemente porque "No hay stock".
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