Unidos por la solidaridad con la ex funcionaria Andrea Albagli - que denunció manipulación de cifras de contagios en el Ministerio de Salud ante la justicia- y en la defensa de cualquier empleado o empleada del Estado que sufra persecución por el hecho de denunciar irregularidades, los gremios AFUMINSAL, ANEF, CUT, FENPRUSS, CONFUSAM, ANPTUF y ANAFF sacaron una declaración pública conjunta donde recuerdan que la Ley 20.205 protege a los funcionarios y funcionarias que denuncian irregularidades.
Andrea Albagli, ex jefa de Enfermedades No Transmisibles del Minsal, declaró ante la Fiscalía que el gabinete del ex ministro Jaime Mañalich le pidió a ella y a otros funcionarios que manipularan la base de datos sobre contagios de COVID-19. Por este motivo el ex ministro anunció querellarse contra ella y quién lo representará será el abogado Gabriel Zaliasnik, uno de los abogados más poderosos del país y quien lo defendió ante la Acusación Constitucional en su contra.
Si bien el ex ministro se liberó del juicio político gracias a los votos de parlamentarios de la ex Concertación-Nueva Mayoría, la arista judicial es mucho más relevante y se basa en la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue contra Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades por sus eventuales responsabilidades en el fallecimiento por Covid-19 de vecinos de esa comuna al principio de la pandemia.
La anunciada querella en contra de Albagli fue calificada por el ex fiscal Carlos Gajardo como una estrategia para amedrentar a los testigos, que naturalmente podría tener repercusiones en otros funcionarios.
Para las organizaciones gremiales los hechos denunciados en el manejo de los datos en periodo de pandemia por el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, y las consecuencias de esa manipulación, son de la mayor gravedad y "las/os Funcionarias/os no podemos callar la verdad, no solo por la obligación que nos impone las normas de probidad y transparencia, sino porque es un imperativo ético y una consecuencia con nuestro compromiso con la Salud Pública en nuestro país".
Agregaron que es "impresentable que cuando un/a funcionario/a público declara o entrega una opinión que difiere de la autoridad o de las jefaturas en cargos políticos, es sancionado y/o perseguido, pretendiendo generar con ello una cultura del silencio cómplice".
Finalmente exigieron que se respete la Ley 20.205 que protege a los empleados públicos que denuncian irregularidades y faltas al principio de probidad, y emplazaron al actual al ministro de Salud Enrique Paris para que entregue toda la información que solicita la justicia y a no continuar con despidos en esa cartera.
Mira la declaración completa acá:
Escrito por Lucía Escobar
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