Sin eufemismos, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, califica a los detenidos tras el estallido del 18O como Presos Políticos, acusa presiones desde el Poder Ejecutivo y una disposición negativa u obstrucción de la Fiscalía para darles salidas alternativas.
Según diversas fuentes se estima que son 2.500 personas las detenidas. Pero el número es relativo pues tras Octubre de 2019 los arrestos han continuado. La mayoría son jóvenes que arriesgan condenas superiores a su propia vida, entre 15 y 25 años de encarcelamiento. Muchos se encuentran en prisión preventiva, con plazos excesivos de investigación, lo que para CODEPU es una conducta abusiva de parte de la justicia.
En paralelo, según el Balance del INDH a un año del 18 de Octubre, el organismo lleva 2.542 querellas por violaciones a los DD.HH., de las cuales sólo 31 causas han sido formalizadas y sólo 72 agentes del Estado han sido imputados.
En opinión de CODEPU "considerando los criterios doctrinarios más exigentes solo cabe calificarlos como presos políticos, por cuanto los actos que se les reprochan son hechos realizados por motivaciones y fines de protesta social y persiguen cambios políticos".
Para la Corporación razones de forma como de fondo, señalan la urgencia de otorgar "libertad de todos los detenidos por participar de las jornadas de protesta social" y detalla que en estos casos ha habido "un trato discriminatorio y vulneratorio de las reglas del debido proceso. No se ha respetado la presunción de inocencia. Han debido soportar un rigor excesivo en el otorgamiento de medidas cautelares y en la tipicidad de las conductas que se le imputan con abiertas consideraciones de peligro político y reproche a la contingencia hacia ellos vertido incluso en resoluciones judiciales".
"Los presos políticos han debido enfrentar la abierta injerencia del Poder Ejecutivo con declaraciones públicas, llamados abiertos de ministros y subsecretarios a los jueces y fiscales para direccionar los procesos - señala CODEPU - y recuerda que uno de los principales medios probatorios los realiza Carabineros, "institución sobre la cual existen graves cuestionamientos que conllevan a su necesaria refundación".
Junto con ello, dice que "ha existido una disposición negativa u obstrucción por parte de Fiscalía para el acceso a salidas alternativas, la tipicidad de los delitos es aberrante, abusiva o excesiva. Se establecen, como una forma de castigo, plazos excesivos de investigación. Los presos políticos además de sobrellevar las duras condiciones de encarcelamiento han resistido, en ocasiones, conductas agresivas alentadas por las autoridades carcelarias".
Para CODEPU, no es "justo ni ético que aquellos que fueron los precursores de ese proceso, que abrieron la ventana a los nuevos aires que revivifican Chile continúen encarcelados y sufran largos años de prisión."
Desde el Congreso, existen 2 proyectos para la libertad de los manifestantes, uno de Indulto general a condenados que presentaron parlamentarios de Convergencia Social, liderados por el diputado Diego Ibáñez, y otro de Ley de Amnistía anunciado por el Senador Alejandro Navarro, que ya acusó respuesta de parte del Gobierno, rechazando esa opción.
Cabe señalar que Indulto y Amnistía no son lo mismo. Según el INDH el indulto apunta o se dirige fundamentalmente a la pena, por lo que requiere de una condena ejecutoriada, lo que lo diferencia de otras figuras que si son en estricto rigor de exención de responsabilidad penal, como la amnistía que es una condonación o perdón del delito que puede alcanzar en toda su extensión la responsabilidad, aún antes de dictarse sentencia e incluso cubrir hechos, períodos, delitos y que no digan relación a personas determinadas. De ahí que se sostenga que mientras la amnistía constituye un estado de olvido o perdón frente al delito, el indulto representa sólo un perdón frente a la pena.
Créditos mural y fotografía @Jerusitaa
Escrito por Lucía Escobar
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