El 21 de septiembre fue removido el Intendente de Magallanes José Fernández (independiente, pro RN) por el mal manejo de la pandemia, que tiene sumida a su región en una crisis sanitaria con elevadas cifras de contagios y donde las muertes duplican a la primera ola en abril, como informamos en el reportaje Crisis en Magallanes: la segunda ola que pudo evitarse. En La Moneda provocó especial molestia la violación de una Técnico en Enfermería en una residencia sanitaria el pasado 30 de agosto, que ocurrió apenas 10 días después de la visita del Presidente Sebastián Piñera a la zona.
Hoy 26 de septiembre es el turno de Lucía Pinto (UDI), Intendenta de Coquimbo, que presentó su renuncia a primera hora de esta mañana, decisión que ya había sido anunciada por la prensa local desde anoche. Como cabeza regional, Lucía Pinto está siendo investigada por el llamado Papaya Gate que revelaron los periodistas Jorge Molina y Nicolás Espinoza de Radio Bío Bío. La Intendencia aprobó a fines de 2019 la compra de cuatro terrenos por $9.800 millones, cuyo valor apenas superaba los $4.000 millones, pero la Contraloría General de la República objetó los cuatro contratos porque “no se apegaban a la legalidad”.
Ante ello, a espaldas del órgano contralor, el GORE de Coquimbo inscribió a mediados de este año la compra de los terrenos - en plena pandemia- en una notaría y sin dar razones para la compra directa. El 3 de septiembre Contraloría notificó la situación al Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien ordenó abrir una investigación por presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo.
Según el reportaje de Radio Bío Bío, los terrenos en cuestión pertenecían a cuatro inmobiliarias - Guayacán SPA, La Serena SPA, La Herradura SPA y Cerro Grande SPA-, de las que era accionista Nicolás Bakulic Gorovic y su hijo Nicolás Bakulic Albertini, prestaba servicios a honorarios en el GORE de Coquimbo como profesional de apoyo técnico “en materias de pre-inversión” en momentos en que se decidía la compra.
Fondos Regionales
La compra de terrenos no es el único proceso de la Intendencia de Coquimbo rechazado por Contraloría. En agosto, la modificación del artículo 4º del “Instructivo funcionamiento 6% fondos de cultura, deporte y social y de prevención y rehabilitación de drogas”, que aprobaron los consejeros regionales por unanimidad, fue desestimado por no ajustarse a derecho.
El cambio en el articulado tiene por objetivo permitir que - por la pandemia - la autoridad pueda cambiar los porcentajes de recursos asignados territorialmente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con el sólo requisito de “informar fundadamente al Consejo Regional”
Ante ello, la Contraloría indicó que “de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política (…) ninguna magistratura, persona, ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
Cabe recordar que el desarrollo la cultura, deporte y social y de prevención y rehabilitación de drogas en las regiones depende fuertemente de los FNDR y que, especialmente para artistas y deportistas, estos fondos concursables son, a menudo, su única fuente de ingresos en un período determinado. El cambio de destino de estos fondos a nivel nacional con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido una de las principales causas de la crisis que vive actualmente el mundo de las artes, que abordamos en extenso en la columna La Cultura en Emergencia.
Puedes ver este informe de Contraloría acá:
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