Entre hoy 11 de septiembre y el 28 de este mes, los tres partidos más avanzados en el proceso de formación que exige la institucionalidad liderada por el Servicio Electoral (SERVEL) - Alternativa Feminista, Con Todos y Fuerza Común - quedarán imposibilitados de presentar candidatos propios a la Convención Constituyente. A ellos se suman los partidos en trámite, que ni siquiera han logrado pasar la etapa de aprobación de sus escrituras, por lo que algunos de ellos ya renunciaron a seguir intentándolo.
Según Rosa Moreno, presidenta provisoria del Partido Alternativa Feminista (PAF) y Raúl Zarzuri presidente provisorio del Movimiento por una Constitución Democrática (MOVPCD) ni lo histórico de este proceso ni las dificultades que ha impuesto la Pandemia para cumplir con todas las exigencias de formación de partidos políticos han significado facilitar los trámites, obtener un mayor apoyo o modificar plazos.
Con ellos conversamos de las trabas que han debido sortear sin resultado y de las posibles razones que hay detrás de ellas, relacionadas con un Servicio Electoral cuya normativa y miembros parecen representar más el interés de los partidos de la ex Concertación y de la otrora Alianza por Chile, que a los intereses de una democracia de las mayorías.
En contraposición a todas las dificultades que han debido enfrentar en estos meses, Moreno y Zarzuri recuerdan el proceso de refichaje de militantes de los partidos políticos en 2017.
Tras el escándalo de financiamiento ilegal de la política que se destapó en 2014, la Comisión Engel elaboró una serie de recomendaciones para acabar con la corrupción y entre ellas se estableció que los partidos recibirían financiamiento público para las campañas y, para acceder a este fondo, debían transparentar e reinscribir su militancia. Partidos como el PDC, PPD, PRSD, UDI y RN, entre otros, se vieron en serios aprietos por no acreditar suficientes militantes.
Cuando terminó el proceso, otro escándalo surgió: el Partido Socialista saltó a la palestra porque el 19% de sus militantes pertenecían a la comuna de San Ramón, dando cuenta que el laxo sistema de acreditación de militantes con fotocopias había beneficiado el clientelismo, una de las formas de corrupción en política.
- Pero ello no significó que algo cambiara. Mientras que a nosotras, a todo lo que hemos solicitado, el SERVEL se ha negado (ver 📂), incluyendo la solicitud que hicimos en conjunto 4 partidos para suspender el plazo de 210 días ( que comienzan a correr desde la aprobación de los estatutos ) para presentar las firmas requeridas para constituirnos plenamente, pues el Estado de Excepción impuesto por la pandemia ha hecho muy difícil el trabajo de afiliación y porque además la Ley permite aumentar el plazo en casos excepcionales, como una Alerta Sanitaria, dice la líder del PAF.
Esta carta fue presentada al SERVEL el 5 de junio pasado, firmada por Rosa Moreno, James Hamilton, Fernando Atria y Raúl Zarzuri . Más de un mes después, el 9 de julio, según consta en el acta del SERVEL, los consejeros la analizaron. Allí se puede ver que Juanita Gana y Patricio Santa María apoyaron la idea de buscar una solución administrativa. Andrés Tagle y José Miguel Bulnes rechazaron toda posibilidad de aplazamiento porque, argumentaron, era ilegal.
El voto dirimente fue el del cientista político Alfredo Joignant. Se abstuvo, porque dijo que era amigo de una persona del grupo solicitante. Así la solicitud de aplazamiento fue rechazada.
¿Quién es amigo de Joignant? Nos preguntamos todos, y lo más cercano fue Fernando Atria quien nos aseguró que sólo escribieron un libro juntos ( El otro modelo ) pero que en ningún caso eran amigos, asegura Rosa Moreno.
Rendición y partir de cero
El proceso de terminar con la Constitución del 80 fue ganada por millones de chilenos y chilenas tras el estallido del 18 de Octubre de 2019. “No son 30 pesos, son 30 años” se dijo, y tras aflorar decenas de demandas sociales insatisfechas quedó en evidencia que era central escribir una nueva Carta Magna.
También fue evidente que ninguno de los partidos políticos tradicionales era bienvenido al movimiento ciudadano, liderado sólo por organizaciones sociales e independientes. Pero fueron los mismos partidos tradicionales creados en los '90 más algunos de los que surgieron en los últimos años, como los del Frente Amplio, los que firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, y definieron la regla de que para participar en la elección de Constituyentes los interesados debían atenerse al mismo sistema electoral de los diputados.
- Nosotros fuimos los primeros en inscribirnos en diciembre, y a la fecha aún logramos que se aprueben nuestros estatutos y sin ellos no estamos autorizados para reunir firmas, dice Raúl Zarzuri.
- Reconozco falta de experiencia para hacer los trámites, pero también ha faltado apoyo del SERVEL. Nos hicieron observaciones, las corregimos y luego aparecieron otras observaciones distintas ¿por qué no las dijeron todas de una vez? Y luego están los tiempos, en febrero se tomaron vacaciones y cuando empezó la pandemia en marzo dejaron de atender hasta mayo, en que se comenzó a operar en línea. Hasta nos sancionaron por hablar en redes sobre el Plebiscito, porque mientras no seamos partido no estábamos autorizados.
Según el dirigente, el Movimiento por una Constitución Democrática decidió no seguir intentándolo, porque su objetivo era formar un partido instrumental sólo para participar en la Convención Constituyente y ello ya no es posible aunque se aprueben sus estatutos. “El camino que queda es judicializarlo, ir a las Cortes de Apelaciones, Suprema, Interamericana…”
- Aunque se formen listas - dice - para un independiente es casi imposible competir contra la maquinaria de los partidos. Rostros como Fernando Atria o James Hamilton pueden tener posibilidad porque son muy conocidos, pero el dirigente de base la persona que participó en los cabildos, no tiene ninguna posibilidad.
En la otra vereda está el Partido Alternativa Feminista, que sí pretende proyectarse en el tiempo y logró aprobar sus estatutos. Pero hoy, 11 de septiembre, venció su plazo para presentar el total de firmas que necesitaban.
- Nosotras fuimos por lejos las más organizadas y las que más militantes conseguimos, de todos los partidos en formación. Pese a la Pandemia nos ingeniamos para hacer actividades vía zoom o en redes y mantuvimos el trabajo de afiliación. Pero intentar que alguien vaya a firmar a una notaría en cuarentena es pedir demasiado y la Clave Única que se habilitó después, no todas la tienen y para obtenerla también se necesita ir físicamente al Registro Civil. De todas formas vamos a seguir trabajando para formar el partido, ¿pero sabes qué significa eso? Que al no poder constituirnos ahora, debemos partir de cero, todo de nuevo.
Para probar cómo funciona el sistema de afiliación a los partidos en formación, esta periodista utilizó su Clave Única para inscribirse en el Partido Alternativa Feminista, por ser el primero en caducar su plazo. El trámite se hizo en la página web del SERVEL el 29 de agosto pasado. Horas antes de publicar este reportaje revisé mi "situación partidaria" en la misma plataforma y el SERVEL generó un Certificado que afirma que Lucía Escobar “no figura con afiliación política vigente”. Ambos documentos están en este archivo:
¿Quién representa a quién?
Según un estudio de la Fundación Chile 21 antes del proceso de refichaje los partidos políticos constituidos decían tener 1.269.826 militantes.
Cuando finalizó el trámite en abril de 2017 los resultados fueron sorprendentes: entre el 89,2% y el 99,9% de la militancia de estos partidos no volvió a afiliarse, bajando de más de 1 millón a 54.557 militantes.
En el proceso, que como ya dijimos fue realizado con fotocopias del carnet de identidad, se sumaron 263.741 militantes nuevos, totalizando 318.298 entre todos los partidos constituidos antes de 2017. Es decir los militantes nuevos, fueron los que permitieron que no desaparecieran.
Para la Fundación Chile 21 el diagnóstico es claro “antes existían padrones “inflados” pero con participación de militantes verdaderos, y que en el proceso de refichaje, la mayoría no habría vuelto a sus partidos de origen, siendo reemplazados por personas que habrían facilitado sus datos y firmas, los llamados “militantes fichas”, sin ninguna adscripción política verdadera y, en muchos casos, fruto del clientelismo a cambio de alguna contraprestación municipal o de algún otro servicio social o territorial”.
En los números también se puede ver que partidos vigentes en los últimos 30 años lograron mantener su vigencia con una militancia que no se condice con su influencia o poder, como el Partido Demócrata Cristiano que totalizó 29.719 militantes y Renovación Nacional, 31.214.
En paralelo, los partidos en formación que aspiraban a participar en la Convención Constituyente debían alcanzar cifras de casi el 40% de las que acabamos de mencionar. El número de firmas se define por el padrón de las regiones en las que el partido pretende constituirse (3 contiguas u 8 discontinuas). Por ejemplo, en el caso del Partido Alternativa Feminista que aspiraba a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, debía obtener 12 mil firmas.
Para Rosa Moreno y Raúl Zarzuri hay otro factor gravitante para que los partidos en formación, que representan a los movimientos sociales y a los independientes que lucharon por ganar el derecho de escribir una Nueva Constitución no puedan participar, “es la misma conformación del Consejo del SERVEL, que está cuoteado bajo el sistema binominal, al igual que la mayoría de las instituciones del Estado”, aseveran.
En 2013 el Senado ratificó la designación de los cinco miembros del Consejo Directivo del SERVEL propuestos por el Presidente Sebastián Piñera en su primer mandato.
El Consejo quedó integrado por el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, los abogados José Miguel Bulnes, Gonzalo Molina y Patricio Santamaría, y el cientista político Alfredo Joignant. Excepto Cheyre, los otros 4 miembros estaban ligados a partidos políticos de la ex Concertación y de la otrora Alianza por Chile. Sólo 2 senadores se abstuvieron, Alejandro Navarro y Ximena Rincón, que expresó su molestia ante un Consejo sólo integrado por hombres.
En ese momento, los conflictos de interés que derivan de la conformación del Consejo Directivo del Servel a la medida del sistema binominal, fue una preocupación para la Comisión Asesora Presidencial Contra los Conflictos de Interés que lideraba Eduardo Engel.
El organismo propuso que los miembros del SERVEL fueran elegidos por Alta Dirección Pública y que el Senado realizara audiencias públicas, de manera similar al nombramiento del Contralor General de la República. Pero estas propuestas fueron desestimadas por el Gobierno, que no las incluyó en el proyecto de Ley sobre Transparencia y Fortalecimiento de la Democracia que se discutía en ese entonces.
A poco andar, el Consejo perdió a dos de sus miembros: Gonzalo Molina (UDI) fue querellado por el SII porque su estudio jurídico estaba ligado al pago de facturas falsas en el caso SQM y Juan Emilio Cheyre tuvo que renunciar luego que el Juez Mario Carroza lo procesó en calidad de cómplice en el caso Caravana de la Muerte.
Aún cuando la Ley exige que los miembros del SERVEL deben renunciar a sus respectivos partidos para asumir el cargo, ello no borra su propia historia. Según los currículum publicados en el propio SERVEL (ver 📂), tres de los cinco miembros del Consejo Directivo tienen escasa o nula experiencia profesional en sistemas electorales, en ciencias sociales o ciencias políticas y en dos casos se aprecian posibles conflictos de interés que parecen ir más allá de la sola relación con un partido político.
El Consejo Directivo que dirige los procesos electorales en Chile, hoy está constituido por:
Patricio Santamaría el Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral militó desde muy joven en el PDC y llegó a ser su vicepresidente. Se le identifica con el sector de los “colorines” y como amigo de la Senadora Ximena Rincón. El doctor en Derecho y Ciencias Sociales fue Subsecretario General de Gobierno en la presidencia de Ricardo Lagos; asesor legislativo en distintas materias; asesor en Derecho y Política Electoral a la Presidencia de la República, partidos políticos y candidatos desde 1989 y presenta en su currículum numerosos servicios a organismos internacionales, como Naciones Unidas.
Juanita Gana reemplazó a Juan Emilio Cheyre. La economista e ingeniera civil industrial fue Subsecretaria de Telecomunicaciones del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. En su currículum figuran cargos ejecutivos desde la década de los 90 en instituciones públicas de fomento productivo pero principalmente relacionadas con la minería, como CODELCO y la Comisión Chilena del Cobre. Ligada al Partido Demócrata Cristiano, su nombramiento subsanó la queja de la Senadora Rincón sobre la ausencia de mujeres en el Consejo del SERVEL.
José Miguel Bulnes es abogado y socio del estudio Vial y Cía. y cercano a Renovación Nacional. Su currículum no muestra algún desempeño en un cargo público con anterioridad o alguna actividad relacionada con el servicio púbico. Sin embargo su firma legal, Vial y Cía., figura en la lista conocida como los Panama Papers, que en 2016 reveló los estudios jurídicos, de distintos países, que trabajaron como intermediarios entre el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) y clientes de sus respectivos países para la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales.
Andrés Tagle reemplazó a Gonzalo Molina, el cupo de la UDI en el SERVEL. Es ingeniero comercial y se desempeñó 36 años en el campo de Seguros (de Vida, Previsionales, Rentas Vitalicias, Salud e Isapres). Tuvo altos cargos ejecutivos en el Grupo Security, ligado al negocio de Rentas Vitalicias y a las AFPs Modelo, Provida y Uno, que figuran entre sus accionistas. También fue vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Isapres. Fue miembro de la comisión política de la UDI y estratega electoral de ese partido. Sus únicos vínculos previos en el aparato público es que entre 2010 y 2014 (primer Gobierno de Sebastián Piñera) fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia en materias de regulación electoral y director de Codelco en el mismo período.
Escrito por Lucía Escobar
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