Un millón de test rápidos del Ministerio de Salud se encuentran guardados en bodega hace más de un mes y 800.000 de ellos nunca podrán usarse. A través de distintos organismos públicos y de registros de prensa reconstruimos la historia de la donación con la que se inauguró el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por el empresario Juan Sutil. Una historia atravesada por procedimientos inusuales, que se puede seguir a través de documentos repartidos en diversas instituciones públicas o en la falta de ellos, cuando debieran existir.
El test PCR es el único examen usado para detectar la presencia del virus Sars-CoV-2. El test rápido, en cambio, es un examen de sangre económico, que en apenas 15 minutos puede detectar anticuerpos IgM/IgG. Cuando aparecen, confirman que la persona estuvo infectada por Coronavirus y su organismo generó los anticuerpos para defenderse. Se le considera un dispositivo de apoyo diagnóstico, que ayuda a trazar los contagios, tanto en brotes comunitarios como en personal de salud y otros oficios que se encuentran más expuestos a infectarse, motivo por lo que comenzó a ser usado por los distintos Servicios de Salud y de Atención Primaria desde el inicio de la pandemia.
Pero habría otro motivo de su importancia. “La seropositividad sugiere que la persona estará protegida contra el COVID-19, desconociéndose aún la efectividad y duración de esta protección”, se lee en el documento Estrategias para aumentar la detección de SARS-Cov-2 en Chile” del Consejo Asesor COVID-19, del 26 de abril.
Lo que en el mundo científico es tema de duda, en el mundo empresarial y político era claro, y central, desde mucho antes.
El 25 de marzo, cuando se lanza el Fondo, Juan Sutil explicó a CNN el destino del aporte del gremio “una de las medidas a cubrir podría ser, por ejemplo, la masificación de los exámenes inmediatos de detección del Coronavirus. Y agregó: “la principal preocupación que tiene la empresa y los trabajadores está en la continuidad laboral. Yo he manifestado que es importante que podamos mantener ciertos niveles de actividad”.
Sus palabras coincidían con la estrategia del Gobierno, que en ese entonces anunciaba la posibilidad de entregar un Carnet Covid, fundado en el supuesto de que las personas que habían superado el contagio generaban inmunidad, y podían reinsertarse a la vida laboral. La Nueva Normalidad y el test rápido parecían ir de la mano.
Un día después el 26 de marzo, cuando en Chile se informaba de 1.306 casos de contagio y 4 muertes, el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich anunció oficialmente que la CPC “donará los recursos para 1 millón de test rápidos”.
El examen de anticuerpos se convertía en la prima donna de los aportes empresariales a la pandemia, que incluyen además la compra de ventiladores mecánicos; de reactivos para test PCR; Insumos sanitarios básicos; equipos de oxigenación de alto flujo; equipos de higiene para familias en campamentos, cajas de alimentos y repatriación de chilenos desde Asia entre sus ítems principales.
Desde entonces Juan Sutil se convierte también en personaje habitual de los puntos de prensa del Gobierno, al extremo de que en redes sociales se comienza a especular sobre si es un nuevo ministro o el nuevo Presidente de la República. Una exposición que habría tenido réditos para la imagen del empresario agrícola criticado durante el estallido social por el retiro de su auspicio a CNN. Según sus propias palabras en una entrevista de mayo en revista Capital la gente ha cambiado su percepción sobre él, tiene reconocimiento transversal y recibe poca crítica.
El millón de test y la cifra del Fondo de la CPC para combatir la emergencia sanitaria del COVID-19 - $50 mil millones- eran destacadas como impresionantes.
Al ex Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y experto tributario Michel Jorratt, consultado para este artículo, la cifra también le impresionó, pero no por lo alto, sino por lo bajo: “la donación de $50 mil millones representa el 0,1% de las utilidades anuales de las grandes empresas, o el 0,4% del impuesto que pagan”, señaló.
El Certificado 66
En el informe del domingo 29 de marzo, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que el Gobierno adquirió un millón de test rápidos de detección del COVID-19.
"De este millón de test, su uso principal es para examinar a contactos directos de alguien que ha dado positivo y que no ha desarrollado síntomas con el objetivo de testear y de decir 'esta persona a pesar de no presentar ningún síntoma la hemos testeado y hemos detectado anticuerpos, defensas contra este virus' y si se enfermó ya del coronavirus entonces no necesita seguir en cuarentena o podemos liberar una zona", dijo sobre el objetivo de los exámenes.
Pero a esa fecha no se registraba ninguna compra de test rápidos del Ministerio de Salud por un monto parecido. Por el contrario, durante esa semana se revela que decenas de instituciones públicas, entre Servicios de Salud, Hospitales y Municipios compraron test rápidos de forma individual durante marzo, de diversos proveedores.
En ese momento no existía recomendación sobre cuál test elegir, ya que hay muchos y muy variados en el mercado mundial, y por lo mismo la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf) advirtió que la falta de directrices por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) para adquirir tests rápidos fiables, “puede constituir un riesgo sanitario”. La Sochinf también criticó la falta de un protocolo para el uso del test rápidos, señalando que cada institución resolvía de forma particular cómo usarlos.
“Hago un llamado a no adquirir test rápidos que no hayan sido autorizados por el Instituto de Salud Pública” dijo el ex ministro Jaime Mañalich, aludido por esta situación el 3 de abril, y reiteró “nosotros estamos comprando un millón de test rápidos”.
Ese mismo día el ISP informó el listado de test rápidos aprobados. No se trata de una validación del ISP, sino de una lista de los dispositivos que son reportados en los sitios web oficiales de distintas agencias de vigilancia sanitaria mundiales, como la FDA, de Estados Unidos, TANVISA de Brasil, PMDA de Japón y MFDS de Corea del Sur. El listado fue actualizado 5 veces, hasta el 7 de mayo.
Según fuentes reservadas del Ministerio de Salud, el protocolo para el uso de los test rápidos continúa sin existir.
En estas condiciones llega el 30 de abril fecha en la cual los informes oficiales del Minsal reportan 16.023 casos de contagio y 227 fallecidos. Ese día, a través de Mercado Público se generan tres órdenes de compra emanadas por la Subsecretaría de Salud Pública, por un total de 380.210 test. Pero en este lapso algo había cambiado. De las declaraciones de que la Confederación de la Producción y del Comercio iba a entregar el financiamiento para el millón de test rápidos, se pasó a informar en la web de la gremial, que se donaban 700.000 exámenes, en forma material.
Las condiciones de la donación del la CPC, aún cuando se trate de una situación de emergencia, deberían estar en un contrato especial de donación o decreto que demuestre que esos recursos ingresaron al Tesoro Público, según nos informan fuentes reservadas del Ministerio de Salud o, por los montos implicados, en algún documento de toma de razón de la Contraloría General de la República. Verificamos tanto en el sitio Transparencia de la Subsecretaría de Salud Pública como en el apartado especial de tomas de razón vinculadas al COVID-19 en la Contraloría, sin encontrar algo relacionado a este convenio o donación.
Lo que encontramos, que se acerca al concepto de un convenio de donación entre la CPC y algún organismo del Estado de Chile es el Certificado Nº66, sobre donaciones asociadas al brote mundial del virus denominado Coronavirus o COVID-19 emitido por el Servicio de Impuestos Internos el 30 de abril, el mismo día de las compras de test rápidos realizadas por el Ministerio de Salud.
El documento se refiere especialmente a donaciones hechas por una asociación gremial ya sea en bienes o dinero, y detalla en lo principal, el procedimiento por el cual los socios de la referida asociación gremial acreditan la donación en cada caso y los beneficios tributarios a los cuales están afectos como empresas o contribuyentes particulares. También señala, que el donatario, como puede ser el Ministerio de Salud, debe emitir el referido certificado de que recibió la donación “dentro de los primeros 12 días hábiles del mes siguiente a la recepción de la donación”, para que la empresa donante pueda descontarlo como gasto.
Para entender las implicancias del Certificado Nº 66 del Servicio de Impuestos Internos consultamos al ex Director del SII, Michel Jorratt, quien señaló que la circular se refiere a dos Leyes de Donaciones:
- Donaciones al Fisco (Art. 37 DL 1.939 de 1977) y
- Donaciones al Fisco y otras entidades (Art. 7 Ley 16.282).
Respecto de la número 2, dice Jorratt, el SII hizo un cambio de criterio, para permitir que se hagan donaciones de bienes comprados directamente para ese fin, pues anteriormente se interpretaba que esta Ley solo permitía donar, con beneficio tributario, bienes que formaran parte de los activos de la empresa. Si parte de las donaciones que hizo la CPC eran para entidades que no pertenecen al Fisco, podríamos afirmar que el cambio de criterio se hizo para beneficiar a las empresas de la CPC, es decir, para que esas donaciones pudieran rebajarlas como gastos.
Por otra parte - agrega el experto tributario- toda la regulación anterior consideraba el caso de un contribuyente que donaba al Fisco u otras entidades, nunca pasando por un gremio empresarial. Ahora se acomodó la interpretación para permitir que las empresas entreguen donaciones al gremio y luego éste las transfiera al Fisco. Sin esta nueva circular, se habría entendido que el donante es la CPC, por lo que, dado que la CPC no tiene utilidades, no podrían haber descontado impuestos por esas donaciones. La circular nueva permite que cada empresa pueda deducir como gasto las donaciones que entregó a la CPC. Es decir, es una interpretación a la medida de la CPC.
Menos impuesto a la renta y menos IVA los $50.000 millones donados originalmente por la Confederación de la Producción y del Comercio quedan en $36.500 millones según Michel Jorratt. La diferencia o beneficio tributario para las empresas donantes, $13.500 millones, la paga el Fisco es decir, todos los chilenos.
Además los costos asociados a internación de insumos donados fueron eliminados para todo insumo crítico vinculado al COVID-19 ingresado por la CPC, junto con la simplificación de los procedimientos aduaneros.
Aún estamos en el 30 de abril de 2020.
Unidad de Fondos de Terceros
Como dijimos anteriormente en algún minuto antes del 30 de abril, la CPC resolvió que se donarían físicamente 700.000 test rápidos por un valor de $3.195.500.000, según consigna la propia página web de la gremial del gran empresariado, en vez de financiar la compra como se había informado en un principio.
Asimismo el Ministerio de Salud, específicamente la Subsecretaría de Salud Pública, generó tres órdenes de compra para 380.210 test rápidos el 30 de abril, que suman un costo de $2.485.869.540 millones.
Entre ambas operaciones hay 1.080.210 de test rápidos, por un costo total de $5.681.369.540 millones.
Las tres órdenes de compra registradas en Mercado Público, en las que participaron como proveedoras las empresas Skinlab, Comercial y Servicios Verne y Farmalatina son idénticas. Todas incluyen el Decreto de Alerta Sanitaria fechado el 05 de febrero de 2020 y un Certificado de Refrendación, entregado por el departamento de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Salud, que está radicado en la DIPLAS, que a su vez es parte de la Subsecretaría de Salud Pública.
De esta forma se acredita que dicho organismo cuenta con fondos propios para realizar la compra.
Sobre este punto, fuentes del Ministerio de Salud, informaron que es motivo de discusión interna entre los funcionarios el por qué la Subsecretaría realiza este tipo de compras. “La CENABAST es la entidad mandatada por Ley, y experta, en los procesos de compra de medicamentos e insumos relacionados, mientras el Ministerio de Salud es el órgano rector, cuya función es articular, normar y formular procesos de instituciones públicas y privadas de Salud, pero no ejecutar, salvo excepciones” dicen los funcionarios.
Asimismo, en el encabezado de las tres órdenes de compra, junto al RUT y dirección de la Subsecretaría de Salud Pública se lee que el demandante es “Administración de Fondos” y en el detalle aparece como Unidad de Compra “Administración de Fondos de Terceros Extr”. Dicha unidad no aparece ni en el Organigrama del Ministerio de Salud publicado en su página web ni en la Resolución Exenta Nº46 del 5 de febrero de 2020, que establece la organización interna de la Subsecretaría de Salud Pública.
Dicha “Unidad de Administración de Fondos de Terceros” pareciera aludir a la posibilidad de que el Ministerio de Salud recibe fondos externos para realizar la compra de los test rápidos, lo cual a su vez se contradice con el Certificado de Refrendación adjunto, que acredita que los fondos para la compra pertenecen al Minsal.
Otro detalle que se puede observar en Mercado Público en el historial de la Orden de Compra, es la velocidad con que se realizó el proceso completo. En dos de las casos, desde que es enviada la orden hasta que es aceptada, sólo hay un día, mientras que en la tercera orden de compra, el proceso completo se realiza entre las 14.10 y las 16.14 hrs del mismo 30 de abril.
En el historial de Mercado Público también se ve que ninguna de las tres empresas proveedoras tiene contrato, pese a que entregaron los test rápidos solicitados por el Ministerio de Salud en los primeros días de Junio. Ello significa, que no han recibido su pago, que implican montos superiores a 700 millones de pesos en cada caso.
Plan de aplicación de los Test Rápidos
El 2 de mayo de 2020 ingresan a Chile los primeros 100.000 de los 700.000 test rápidos ofrecidos por la CPC.
“Durante los últimos días se trabajó contra reloj para recibir en el menor tiempo posible las donaciones de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC). Con máxima celeridad continúa el trabajo de los funcionarios de la Aduana Metropolitana que cumplen labores en el Aeropuerto Internacional de Santiago, quienes tienen la misión de recibir las importaciones de insumos críticos con los que diversas instituciones de salud están enfrentando el Covid-10 (sic).
Así, en el terminal aéreo se trabajó a toda máquina durante los últimos días a propósito de la llegada de los primeros 117 ventiladores mecánicos donados al Ministerio de Salud por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), los que llegaron al país a bordo de un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile provenientes de China hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde fueron recibidos por el Presidente Sebastián Piñera. Los fiscalizadores de Aduanas efectuaron rápidamente la tramitación aduanera para la internación de las más de 5 toneladas de peso del equipamiento.
Lo mismo ocurrió con el arribo de las primeras 100 mil unidades - de un total de 700 mil test rápidos - para la detección del Covid-19, donados también por la CPC, que ingresaron a Chile provenientes de China vía área” reportó el diario Proa Regional de San Antonio.
Una semana después del arribo de los primeros test rápidos importados por la CPC, el 10 de mayo, la información oficial reportaba 28.866 casos confirmados de COVID-19 y 312 fallecidos. Ese día el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich inicia el “Plan de Aplicación de Test Rápidos para detectar anticuerpos en el organismo”.
La experiencia es mostrada como un proceso piloto, y el propio jefe de la cartera sanitaria enseña en vivo la forma de aplicar el test a los funcionarios del Hospital El Carmen de Maipú. El evento fue registrado tanto en imágenes como en videos por el Minsal, donde se puede ver que durante las pruebas hay cajas azul y blanco que permiten reconocer en la escena al fabricante chino Zhuhai Livzon Diagnostic Inc. , uno de los principales productores mundiales de este producto.
En la jornada Mañalich afirmó que “el Ministerio de Salud recibió una donación de 500.000 exámenes para la detección de anticuerpos”, sin mencionar al donante.
Los 100.000 test recién ingresados por la CPC más los 380.210 comprados por el Minsal en Mercado Público, suman 480.210 unidades, cifra similar a la informada por Mañalich, aunque no se podría aseverar que los test comprados por el Ministerio de Salud, con sus propios recursos, son donados.
Livzon
Después de este evento cesaron las alusiones públicas a los test rápidos. No se comunicó sobre nuevos arribos, su distribución en Servicios de Salud o Servicios de Atención Primaria o sobre alguna evaluación del Plan de Aplicación en distintas comunas o regiones.
A los 21 días de la compra comienzan a internarse los test rápidos adquiridos a través de Mercado Público y estar el 2 de junio en bodega, como se había comprometido. Para entonces ya suman 108.686 casos confirmados y 1.188 fallecidos en el país.
Según fuentes reservadas del Ministerio de Salud, tanto los test rápidos importados directamente por la Confederación de la Producción y del Comercio como los comprados por el Ministerio de Salud - 1.080.210 test rápidos en total - se encuentran desde hace un mes, al menos, en la bodega privada Goldenfrost de Renca, un operador logístico certificado en almacenaje de productos farmacéuticos, que presta servicios al Ministerio y a Cenabast desde hace años.
Por ello estarían aseguradas todas las condiciones adecuadas de almacenamiento que garantizan su buen estado hasta el vencimiento de los dispositivos, en unos dos años más. Es decir, los test se encuentran en buenas condiciones de conservación, pero inexplicablemente no salen del almacén.
Como prueba de que los test rápidos siguen en bodega, están los múltiples pedidos de test rápidos realizados por diferentes Servicios de Salud, Municipalidades y FF.AA. que en estos días se pueden ver en Mercado Público. Pedidos de cantidades pequeñas, de 2.000, 5.000 o 7.000 unidades aproximadamente, que podrían ser cubiertas sin dificultad por el millón de test rápidos que posee el Minsal. Además funcionarios del Ministerio de Salud que colaboraron para este reportaje, consultaron a diversos servicios de Atención Primaria de Salud de la Región Metropolitana, que confirmaron no haberlos recibido y que cada organismo los adquiere de modo particular.
La razón para que 1 millón de test rápidos, con los cuales se inauguró el Fondo Privado de Emergencia de la Confederación de la Producción y del Comercio no se estén distribuyendo parece estar en las cajas azul y blanco vistas en el Hospital El Carmen de Maipú.
El mismo día que se dio inicio al Plan de de Aplicación de Test Rápidos para detectar anticuerpos, en Argentina se desató un escándalo: los 170.000 tests rápidos adquiridos por la Casa Rosada a sugerencia de la autoridad sanitaria trasandina, eran defectuosos. Todos
eran test fabricados por Zhuhai Livzon Diagnostic Inc. Dos semanas antes India prohibió su uso y devolvió los productos Livzon por considerarlos poco fiables.
En la misma situación, se encuentran los test de Vivo Check Biotech Co, también de China. Pese a su baja confiabilidad, ambos siguen estando en el listado de exámenes rápidos que entrega el ISP.
Los 700.000 test rápidos adquiridos por la CPC, y otros 100.000 de uno de tres proveedores a los que compró Ministerio de Salud son de Zhuhai Livzon Diagnostic. Es decir 800.000 test rápidos no pueden usarse por su baja calidad.
Llevado a la inversión, se habrían perdido $4.000 de los $5.700 millones gastados en test rápidos. Como explicaba Michel Jorratt, si los $50 mil millones de pesos del Fondo representa el 0,1% de las utilidades de las grandes empresas, los montos asociados a los test no pasan del 0,01%. Una cifra insignificante en la macroeconomía, no así términos de vidas humanas:
Al final de este reportaje, Chile suma 315.044 casos confirmados y 11.227 fallecidos según DEIS.
Publicación original en La Voz de los que Sobran
Escrito por Lucía Escobar
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